Sumidos en las profundas crisis socioeconómicas que sufren los países latinoamericanos en proceso de transición a la democracia, los sectores populares reivindican en muchos casos una política económica estatal defensora del empleo y del nivel de vida, la cual se vuelve hoy imperiosa sobre todo en las áreas urbanas. Las luchas tradicionales de los actores populares se ven ampliadas y complejizadas por el declinante rol del Estado como prestador de servicios públicos y por la presión del desempleo. Estudios recientes llevados a cabo por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO- en colaboración con la UNESCO, calculan, por ejemplo, que en Perú el desempleo, que es del 10% a nivel nacional, aumenta al 16% en las áreas urbano-populares, en donde viven alreededor de tres millones de personas. En el caso de Chile, los niveles de cesantía entre 1975 y los comienzos de la dŽcada del '80, pasaron desde el 6-7% al 25-30% hasta alcanzar un alarmante 80% en algunas poblaciones. De esta manera, con la declinación de los modelos redistributivos e integradores, asistimos en la región a procesos cada vez más agudos de exclusión y diferenciación sociales.
Pero las demandas de los sectores populares no son sólo económicas: en algunos casos, también, se pretende una mayor participación en los procesos de toma de decisiones políticas y una ampliación de los espacios de representación vigentes. El surgimiento de demandas múltiples de representación significa, en alguna medida, un cuestionamiento y crítica del modo de representación política, una crisis de la historicidad industrialista y su reemplazo por una multiplicidad de nuevas prácticas colectivas segmentadas. Estos nuevos movimientos barriales rompen de alguna manera el monopolio de la representación social en manos de los actores partidarios, a la vez que se perfilan demandas de participación social también en el plano institucional. Esta irrupción de acción popular forma parte, entonces, de un fenómeno de politización de la vida cotidiana, como parte de una respuesta, entre otras cosas, a la crisis de los sistemas tradicionales de representación sindical y política, y a un Estado cada vez más excluyente.
Este incremento de las demandas y presiones, que se extiende a todos los actores sociales, adquiere características distintivas en el caso de las organizaciones barriales que tienen por fin solucionar problemas centrales de la subsistencia humana en áreas tales como la salud, la alimentación, la educación y la vivienda, o incluso la recuperación y mantenimiento de un determinado nivel de vida. Las demandas reivindicativas puntuales van dando lugar a la percepción de que las instituciones estatales no resultan garantes de la satisfacción de dichas necesidades.
Estas experiencias de organización popular urbana constituyen estrategias de supervivencia de características sumamente heterogéneas y discímiles: luchas de asentamientos por vivienda y legalización de la tenencia de la tierra, luchas por el suministro de servicios sanitarios, agua, cloacas, luchas contra la carestía de vida o por la negativa al pago de impuestos excesivos, caceroleos, luchas por la obtención de servicios de transporte, ollas populares, paros cívicos, cooperativas de consumo para lograr abastecimiento básico de alimentos, movimientos de pobladores, agrupaciones femeninas por el suministro del "vaso de leche" a los niños, servicios de salud populares, movimientos ecologistas contra la contaminación del medio ambiente y contra el despilfarro de recursos no renovables, etc.
Estas formas de organización popular son también heterogéneas en su misma composición interna: en la mayoría de los casos se definen como "apolíticas" y su adscripción al terreno de lo político forma parte de una discusión teórica que revisa el concepto tradicional de "lo político": una nueva forma de vinculación entre vida cotidiana y política que modifica la lógica reivindicativa dominante dirigida al Estado "asistencialista" y "protector" que caracterizaba a las relaciones entre Estado y sociedad en la cosmovisión nacional-populista. En otros casos tienen una postura político-ideológica definida y niveles de alianza con el movimiento sindical.
Estudios realizados por CLACSO han analizado el comportamiento de estos actores sociales contribuyendo al conocimiento de una nueva realidad social, tal vez no muy difundida para el gran público: los movimientos barriales y de pobladores.
En muchos países, las consecuencias más graves de la crisis se evidencian, como decíamos antes, en el aumento de las tasas de desempleo en las áreas urbanas, ligado este fenómeno a un crecimiento exponencial de la población perteneciente a sectores populares que habita en las ciudades. De allí que los partidos políticos, atentos a este desarrollo, muestren interés por los sectores populares de estas zonas debido al peso electoral que representan. En el caso de Chile, por ejemplo, el porcentaje de la población urbana sobre el conjunto de la población pasó, en cincuenta años, del 50% a más del 80%. A este fenómeno, común a la mayoría de los países latinoamericanos, lo acompaña un proceso de agudización del deterioro de las condiciones de vida en los centros urbanos. En Santiago de Chile, en donde está ubicada más del 40% de la población urbana chilena, se calcula que un tercio de la ciudad, es decir más de un millón y medio de personas, viven en poblaciones, campamentos y habitaciones precarias. En Argentina, según los últimos censos poblacionales, alrededor del 30% de la población habita en condiciones que se sitúan por debajo de los niveles mínimos de bienestar.
Por ello encontramos como ejemplo de las nuevas formas de acción social a las reivindicaciones por un lugar propio donde vivir que llevaron, entre otras cosas, a importantes ocupaciones de tierras sobre las que más tarde reclamaban una legalización. Este fenómeno fue particularmente relevante en las décadas del '60 y '70. El desarrollo de planes de vivienda orientaba entonces las reivindicaciones urbanas de los sectores populares hacia el Estado. Así emergerán patrones de cogestión entre el Estado y las asociaciones locales impulsando, como en el caso chileno, la creación de redes de organizaciones vecinales que canalizasen la participación de los pobladores y satisfacieran algunas de sus necesidades básicas. De esta manera, bajo el gobierno de la Unidad Popular, por ejemplo, los Comités de Adelanto y Juntas de Vecinos funcionaban en muchos barrios de Santiago como verdaderos Ministerios populares. Se estima que las organizaciones de pobladores agrupaban en el país alrededor de un millón de personas en 1973. En otros casos se buscó satisfacer las demandas de los pobladores a través de la creación de organismos estatales específicos como el SINAMOS, la Oficina Nacional de Movilización Social, que operó en Perú bajo el gobierno de Velasco.
En suma, de esta manera los movimientos de pobladores adquieren algunos derechos sociales reconocidos y consagrados legalmente por los poderes públicos, y logran así fortalecerse.
Si bien el Estado ha actuado frente a estos movimientos con una lógica política que ha sido caracterizada como "clientelista" y "asistencialista", también es cierto que uno de los resultados de estas políticas de fomento fue el crecimiento de organizaciones populares que comenzarán a lograr, paulatinamente una mayor autonomía de la tutela estatal.
En realidad, las modalidades de relación con el Estado adoptarán variadas formas: desde una estrecha colaboración hasta la germinación de tendencias anti-estatales. Estas dos orientaciones se manifestarán claramente en los gobiernos locales que se convierten en escenarios privilegiados de la mediación de las relaciones entre dichos movimientos sociales y el Estado nacional. En este sentido, se reconoce a la denominada "Comunidad Autogestionaria de Villa del Salvador", situada en el Perú, como uno de los casos más representativos y conocidos de una política municipal que apela a la participación popular. Allí, la movilización de cien mil madres de familia organizadas en más de siete mil "comités del vaso de leche" permitió a la Municipalidad distribuir un millón de vasos de leche entre niños de hasta dos años de edad, ocupando sólo veintinueve empleados públicos en lugar de los mil que esta operación hubiera demandado en caso de hacerla a través de los canales burocrático-administrativos normales.
De esta manera, el ámbito local aparece como el más factible para producir un acercamiento entre el Estado y la sociedad. El hecho de que las experiencias más exitosas de participación y gestión local compartida no se multipliquen masivamente pone de manifiesto la difícil convergencia de requisitos político-organizacionales y económicos para una acción de esta naturaleza y la también harto dificultosa articulación entre los niveles locales y centralizados de la política.
Resulta así clara la necesidad de un ámbito de articulación política entre las entidades de base y los municipios. Participando directamente en la gestión y dirección de experiencias de este tipo, los movimientos populares involucrados en estas acciones impulsan un proceso de democratización de la sociedad política al lograr que el Estado democrático recoja y canalice institucionalmente parte de sus demandas lo que, por otra parte, suele generar temores y resistencias en el mismo Estado.
Esto último se manifiesta en la progresiva tendencia por parte de este último a controlar y restringir la dinámica participativa impulsada por el tipo de acciones anteriormente mencionadas. Esto se revela, a veces, en la disminución de los recursos otorgados a los municipios. En el caso de Perú, por ejemplo, durante el gobierno de Belaúnde, los municipios alcanzaron únicamente el 4% del gasto público, frente a un promedio del 20% de otros países de la región.
Así es que en ocasiones el fortalecimiento del "particularismo local" de los municipios se ve impulsado por los mismos poderes públicos centrales, descargando sobre el voluntarismo participativo comunal tareas que eran responsabilidad del Estado, disminuyendo la inversión pública y desvinculando lo local de lo nacional, lo social de lo político, limitando el desarrollo de procesos reivindicativos que puedan trascender los microcosmos sociales.
Por otra parte, las relativas carencias de los movimientos sociales urbanos referidas a demandar una institucionalización renovadora de la representación social y/o perfeccionamiento en el sistema de representación política parecen pagarse mediante una limitación en la capacidad de transformación histórica.
Habida cuenta de lo dicho, los actores sociales parecen estar sometidos a tres tipos de tensiones, a saber:
a) necesidades crecientes de bienes de consumo colectivo e incapacidad del Estado para satisfacerlas;
b) una necesidad de un camino de integración con el Estado-Nación expresada a través de movimientos nacional-populares versus la tendencia creciente a la crítica de dicha representación.
c) una búsqueda de factores de integración social versus la tendencia sistémica brutal a una exclusión.
Las tensiones recién enumeradas pueden sintetizarse en este caso en una contraposición entre ciudadanía social y ciudadanía política. De allí que un gran interrogante frente al que se hallan estos movimientos sea el siguiente: ¿Cómo redimensionar la acción social en la política?
Sintéticamente, podemos clasificar sus estrategias en cuatro tipos:
1) Formas de organización que aún se dirigen hacia el Estado (básicamente a través de sus representantes municipales), cuyas demandas se orientan hacia el municipio y los gobiernos provinciales.
2) Formas de movilización menos institucionalizadas que surgen más espontáneamente, ante coyunturas generalmente críticas y que dirigen su mensaje a la opinión pública como forma de presión siendo más expresivas que las anteriores.
3) Movimientos que crean opciones autogestionarias de producción y abastecimiento y que han abandonado al Estado como interlocutor y como posible y necesario garante de la prestación de servicios.
4) Finalmente, un tipo de organización ligado a luchas más bien culturales y netamente expresivas y simbólicas.
De acuerdo a las investigaciones realizadas podría decirse que, más allá de que las actividades de los movimientos barriales y de pobladores se hallan presentado o no como alternativas a las desarrolladas por el mismo Estado, la nueva escena democrática y la agudización de la crisis económica en la región llevan a ampliar y a cuestionar, al mismo tiempo, su campo de acción.
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