La
enseñanza del Derecho en la Argentina
Tal vez no ha
habido suficientes estudios sobre la enseñanza del Derecho en la
Argentina. Sabemos que las Facultades de Derecho han cumplido un rol
como espacios de formación y socialización de la clase dirigente en
nuestro país, algo que ha sucedido con mucha claridad en el caso de
la UBA, presente en muchos momentos relevantes de la historia
política nacional a través de la participación de estudiantes y
profesores en los mismos. La construcción del Estado argentino es en
buena medida deudora de esa institución. Y de allí surgieron varias
de las más importantes formaciones políticas de la historia
nacional: el liberalismo, el conservadurismo y el radicalismo. De los
72 presidentes que hemos tenido desde 1810, 30 fueron abogados y el
porcentaje es mayor (2/3 aproximadamente) si solo contamos los
elegidos por el voto popular. Los cambios políticos en nuestra
historia han tenido abogados como protagonistas empezando con Moreno,
Belgrano, Castelli y Paso, por ejemplo, en los comienzos de nuestra
nación.
La
periodización que se presentará aquí es producto de una
combinación de los modelos recogidos de Ortiz, Buchbinder y Del
Bello sobre la historia de la enseñanza universitaria en la
Argentina (específicamente en Derecho en el caso de Ortiz), y la
información recabada solo fruto de lo extraido de su contenido y de
las fuentes secundarias mencionadas en la bibliografía que no
constituyen la totalidad de los trabajos existentes sobre el tema.
Nuestro escrito se propone simplemente como punto de partida para
que, junto a la colaboración tanto de otras áreas de la gestión
como de las universidades del país, podamos ir enriqueciendo y
construyendo un relato común sobre la historia de la enseñanza del
derecho en la Argentina que sirva de base para la elaboración de un
producto audiovisual de difusión, que es el objetivo propuesto. Por
tal motivo está escrito con más propósitos de difusión que de
discusión académica, de allí la ausencia de citas o referencias
propias de la rigurosidad que reclama ese género y el uso de un
lenguaje llano, siendo este texto tan solo el hilvanado,
sistematización, síntesis y reescritura simplificada de
investigaciones realizadas e información relatada por otros.
Por otra parte, hay algunas personalidades a lo largo de esta
historia que merecerían ser especialmente destacadas puesto que
podrían servir de ejemplo para las nuevas generaciones en relación
a las formas de ejercer la profesión. Más allá de algunas
menciones ocasionales, queda pendiente agregar
algunos hitos centrales y más información de la historia de la
enseñanza de nuestra disciplina en las universidades del interior
tales como Córdoba, Comahue, Bahía Blanca, La Pampa, Tucumán,
Litoral, Mar del Plata, Cuyo, etc., muchas de las cuales tienen
trabajos realizados en este sentido.
Los orígenes
Antes
de la creación de las universidades, podrían rastrearse los
comienzos de la enseñanza del Derecho en estas tierras en los
primeros centros de estudios fundados por representantes de la
iglesia. En los conventos y seminarios religiosos se explicaba el
derecho canónico en vinculación con otras disciplinas
eclesiásticas.
Cerca de treinta
universidades se crearán luego en las colonias hispanoamericanas,
siendo los estudios en Derecho una de las carreras principales. Desde
fines del siglo XV existirá un doble mecanismo para habilitar
profesionalmente a los abogados: las universidades daban los títulos
y el poder público -exámenes en tribunales mediante- habilitaba
para el ejercicio de la profesión.
Específicamente
en lo que refiere a nuestra región, una de las cláusulas del
contrato firmado entre el Rey y Alvar Nuñez Cabeza de Vaca en 1540,
enviando la expedición al Río de la Plata, establecía que “ningún
abogado podía acceder a estas partes”. Un siglo después, el único
establecimiento educativo superior aquí era la Universidad Mayor de
San Carlos, en Córdoba, fundada por los jesuitas, donde la enseñanza
del derecho solo refería al canónico y romano. Era en la Facultad
de Teología donde se resolvían los asuntos jurídicos. O sea, la
enseñanza jurídica comenzó en estas tierras en el siglo XVII en
sede teológica. E incluso cuando se creó la Facultad de
Jurisprudencia, más adelante, los lazos con la Facultad de Teología
continuaron.
Sin embargo, cuando
pensamos en la enseñanza del Derecho en estos años la institución
que viene a nuestra mente es la Universidad de San Javier de
Chuquisaca, que desde 1671 emitiría grados de leyes inaugurando los
estudios de Derecho en 1681, lo que comprendía el estudio del
derecho eclesiástico, romano y real (que abarcaba el castellano e
indiano). Estos famosos estudios jurídicos adquirirán mayor
trascendencia aún con la fundación posterior de la Academia de
Jurisprudencia. En
1714 la
Junta de Castilla ordenó eliminar las concepciones escolásticas del
derecho. Esta decisión trajo aparejada la creación de instituciones
con programas pedagógicos inspirados en los valores ilustrados de
racionalidad y utilidad que se imponían sobre la relativa
esterilidad de los estudios del Derecho Romano. El espiritu de
reforma que a mediados del siglo empezó a imponerse permitió el
estudio del derecho patrio, el derecho natural y de gentes.
En Buenos Aires
hasta mediados del siglo XVIII no habría establecimiento para la
enseñanza media o superior. Como universidad, las alternativas eran
Córdoba o Charcas (Chuquisaca). Y en la primera habrá una clara
ruptura entre la universidad jesuita y su posterior período de
dominio franciscano. Cuando los
jesuitas son expulsados en 1767, ello generó un contexto
deliberativo en el poder español en Sudamérica.
A
fines del siglo XVIII, en Córdoba el bachiller en
jurisprudencia debía practicar durante 4 años después
de la obtención de su diploma. Transcurridos los mismos debía
presentarse a las reales audiencias (de Charcas o Buenos Aires) para
rendir un examen, a efecto de obtener
el diploma de abogado y quedar habilitado para ejercer en el
Virreinato.
La enseñanza del
Derecho en Sudamérica en el siglo XVIII había estado destinada a
formar los líderes para la nueva administración colonial. Pero,
paradójicamente, generó un número importante de héroes de la
independencia. Tanto Castelli como Moreno estudiaron en Chuquisaca,
habiendo vivido en el contexto de la gran injusticia del trabajo en
las minas. La Universidad allí otorgaba el título de Doctor en la
ley, luego de lo cual se estaba listo para entrar en la Real Academia
Carolingia de Jurisprudencia, institución independiente que sería
la principal razón de la fama del lugar. El entrenamiento de los
abogados se realizaba allí como una práctica argumentativa a través
de simulaciones. Los exámenes -y algunas clases- contaban con la
presencia de un juez de la
Real Audiencia y los estudiantes
tenían que defender posiciones y redactar expedientes y veredictos.
Tanto el ingreso como los exámenes finales suponían disertaciones
públicas y orales que con frecuencia generaban importantes
controversias alrededor de un caso del que el estudiante tenía que
describir las cuestiones legales involucradas y tomar una decisión.
Tal clima de discusión favorecía el desarrollo de las capacidades
dialécticas y retóricas del futuro abogado o juez. La creación de
las Academias, primero en España y luego en América, marcaba cómo
para los borbones un buen abogado debía ser también un pensador
creativo.
Estas
Academias Teórico-Prácticas de Jurisprudencia, de la que Chuquisaca
(Charcas) fundada en 1776 era la más famosa en estas tierras pero
que habían sido creadas por los Borbones en España, nacen
en un contexto de ilustración para enseñar en ellas la ley creada
por el rey o sus delegados. Se trataba de aprender el contenido de
esta ley nacional mientras se entrenaban para ejercer la profesión.
Para ser admitido en estas academias era necesario un título en un
campo del derecho junto con condiciones personales o familiares,
además de la aprobación de un examen de ingreso. Las admisiones a
la Academia (los aspirantes debían tener certificados de bautismo y
honor familiares) eran selectivas, pero con el tiempo estas demandas
se aflojaron. Como los abogados eran competidores en la carrera
administrativa y posibles censores ilustrados del gobierno, había un
interés en evitar que se formaran clases dirigentes criollas. Pero,
como adelantáramos, lo contrario terminaría ocurriendo. Entre
1776 y 1809 al menos 362 abogados se formaron en Charcas cuya
Academia se convirtió en
escuela de entrenamiento para la independencia: muchos de sus
estudiantes participaron en los movimientos revolucionarios de
emancipación de
Bolivia, Argentina y Perú. Una tercera parte de los miembros de la
Junta Insurreccional de La Paz de 1809 estudiaron allí. Castelli,
Moreno y Monteagudo pasaron por sus aulas de una gran calidad
académica y que
reconocían la importancia de acomodar la interpretación de las
normas a necesidades territoriales y costumbres locales. Sus
abogados, antes de juristas o hombres de leyes, se consideraban
hombres de letras. Además de la base escolástica, la
etapa práctica –jurídica, y el mundo de las luces completaban su
formación.
Charcas
mantenía una relación muy cercana con el poder: la Corte designaba
al supervisor de enseñanza en la Academia y al Presidente de la
Institución. Así
se introdujeron las doctrinas que justificaban el fortalecimento del
poder del rey a través de la enseñanza del derecho natural
racionalista y del derecho patrio. Se mostraban los derechos civiles
y naturales como emergentes de la razón y se trataba de minimizar
con ellos el estudio del derecho romano y su importancia en la
formación de los juristas. A fines del siglo XVIII, algunas
universidades modificaron sus planes de estudios influenciados por la
mirada ilustrada siendo la universidad era un espacio donde avanzar
en el absolutismo real. Pero los movimientos no siempre iban en la
misma dirección: la
enseñanza del derecho natural y de gentes en las universidades, cuyo
estudio era fomentado muy especialmente por los partidarios de las
nuevas ideas (cursado con estudios de Montesquieu, Rousseau y otros)
subsistió hasta 1794, en que fue suprimida debido a los temores y
recelos que produjo en el ánimo del gobierno español la orientación
revolucionaria que se le había impreso.
Como vimos, la
enseñanza jurídica ya tenía presencia en Córdoba en la Facultad
de Teología (y en la de Artes) desde su fundación, pero recién en
1791 se crea la cátedra de Instituta
designando a Victorino Rodríguez, un ex alumno de la Facultad de
Teología de la Universidad de Córdoba, como su primer docente. Su
pasante fue José Dámaso Gigena, doctor en Teología, aún no
graduado en jurisprudencia. Ambos organizaron el nacimiento de los
estudios de derecho en Córdoba. El texto de estudio era el
Comentarius
academicus et forensis inquatour libros institutionum imperialium de
Vinnius, el romanista holandés, debiendo explicar el profesor los
acuerdos y diferencias con el derecho real. Entonces se llamaba como
tal al Derecho Español (contenido en las Siete Partidas, las
Ordenanzas Reales, las Leyes de Toro y otras recopilaciones
castellanas vigentes) y Derecho Civil al Romano. El derecho romano y
el canónico tienen mucha fuerza en el siglo XVIII. Estudiar las
leyes patrias, (el derecho romano aplicado) era importante, pero la
teoría estaba constituida por los estudios de derecho romano. Al
existir en ese entonces una sola cátedra de Instituta,
para no violar una real cédula de 1786 que ordenaba “que en
ninguna Universidad del reino se diesen o confiriesen grados de
bachiller en facultad que no hubiese dos cátedras”, los
estudiantes concurrían a las lecciones de Teología, Moral y Cánones
que se daban en la Facultad de Teología. Los mismos debían asistir
a las aulas vestidos con traje o capa y vestido negro, “con
sombrero redondo sin polvos”.
En 1792 solo tres
alumnos habían rendido el examen del segundo curso de Instituta y
apenas uno el primero. Era necesaria otra cátedra y, como los
números lo revelan, se seguía yendo todavía a estudiar a Charcas.
En
1793 se
agrega la cátedra de Derecho Real de España y se crean las cátedras
de Jurisprudencia Civil y Canónica. Esta fue la base (que duró
varios años) de lo que sería la Facultad de Jurisprudencia. Dos
años después se concede a la universidad la facultad de otorgar
grados de bachiller, licenciado y doctor en Derecho Civil y será
Pedro Alcántara de Somellera, futuro primer profesor de Derecho
Civil en la UBA, el primero en recibir un grado de doctor en Córdoba
en 1797. El grado de Bachiller en Leyes se obtenía al pasar un
examen llamado previa, la licenciatura requería de la aprobación de
otro curso y de un examen sobre las Leyes de Toro, y el grado de
doctor requería, después de rendir la Ignaciana, pasar un examen
sobre los Concilios.
Contastaban
entonces dos imágenes: la de una pobre enseñanza del derecho en un
centro de estudios tradicional y conservador como el de la
Universidad de Córdoba con la de una rica enseñanza progresista en
Charcas. Desde Buenos Aires había que viajar a alguna de ellas. O,
para convertirse en abogados, profesión favorita de los hijos de las
adineradas familias de la burguesía comercial porteña, las otras
opciones eran Santiago de Chile o cruzar el Atlántico hasta
Salamanca. Los graduados de
Charcas y de España llegaban imbuídos de las ideas reformistas en
tanto que los textos suarecianos y tomistas circulaban en Córdoba.
Hasta los primeros años del siglo la Universidad de Córdoba seguirá
contando con poca cantidad de alumnos.
En
1807 concluye la etapa franciscana en la Universidad con la
conversión de la Universidad Real en la Universidad Mayor de San
Carlos, comenzando el período secular de la Universidad de Córdoba.
El Dean Gregorio Funes asumirá como autoridad en 1808 y buscará
adecuar la enseñanza a los nuevos tiempos políticos y a las
necesidades de personal para el Estado. Sugerirá para ello el
estudio de la retórica y de los principios del derecho natural y de
gentes, y la necesidad del estudio de las leyes patrias. La búsqueda
de una relación estrecha entre Iglesia y Estado le hace proponer la
unión del estudio del derecho civil con el canónico. El clero
secular dirigirá ahora los estudios y Funes indicará
además para los estudiantes de jurisprudencia el curso previo y
obligatorio de Filosofía Moral en la Facultad de Artes, el cual
adiestraba en el razonamiento sobre las virtudes. Funes demoró cinco
años en presentar su plan de estudios definitivo, justificándose en
los trabajos que le había significado la revolución de mayo, el que
continuará vigente hasta 1856 con las modificaciones que se fueron
haciendo en 1818 (tras la visita de Manuel Antonio de Castro) y en
las décadas siguientes. La falta de libros atrasaba también el
progreso de las reformas.
Veremos
ahora cómo a lo largo del siglo XIX, y ante
la necesidad de encontrar un orden en las colonias que buscaban su
independencia y unificación nacional, las escuelas de derecho
entrenaron a la élite política para gobernar el nuevo y difícil
Estado-Nación a crear. Ello demandó una fuente de poder
centralizada y un cambio acorde en el sistema de enseñanza del
derecho.
1810-1821 Período
de la Revolución
Como decíamos, los
estudios en derecho eran un destino preferido para los hijos de las
ricas familias de la burguesía comercial citadina o también una vía
de ascenso para los hijos de otros menos prósperos oficiales de
administración municipal o comerciantes menores. Belgrano y Castelli
habían sido hijos de comerciantes adinerados, pero la familia de
Moreno tuvo que hacer un gran sacrificio para costear sus estudios.
En cualquier caso, la creciente actividad comercial auguraba trabajo
para los abogados.
Como también
vimos, la Universidad de Córdoba será la única con una Facultad de
Derecho en el emergente nuevo país y nunca había sido un lugar muy
considerado para esos estudios. A partir de la ruptura intelectual
con el mundo colonial, se refuerza y comienza a prevalecer una
orientación racionalista e iluminista opositora al tradicionalismo
hispano aún vigente en la provincia mediterránea.
Tras la revolución
de mayo, el Dr. Victorino Rodríguez, el primer profesor de la
Facultad de Jurisprudencia como habíamos visto, es fusilado junto al
Virrey Liniers por órdenes de la Junta que hace cumplir Castelli. La
revolución implantaba un nuevo orden jurídico que se moldearía con
el trabajo de muchos que debían su formación al fusilado profesor.
Tras un intento
frustrado a finales del siglo XVIII -tal vez por la resistencia que
se ofrecía a los abogados y que databa de los tiempos fundacionales
de la ciudad- o tal vez por la posición asumida por los abogados en
la denominada “conspiración” de los franceses” de 1785 y en su
participación en los Cabildos Abiertos de 1806 y 1810- se
erige finalmente en Buenos Aires en el año 1814 la Academia Teórico
Práctica de Jurisprudencia que perduraría hasta el año 1872, para
la formación práctica de abogados y, por ende, de la clase
dirigente. Hasta entonces no se conocían en Buenos Aires estudios
públicos de las ciencias juridicas.
La
Academia agrupaba a los abogados reconocidos por la Cámara de
Apelaciones de Buenos Aires, pero también a doctores, licenciados y
bachilleres de otras universidades, y admitía como socios a los
graduados en derecho civil. Una vez examinados en teoría y en
práctica forense, solo entonces sus candidatos podían recibir el
título de abogado. Los estudiantes tenían que asistir a las clases
allí durante tres años. Esta Academia será precursora de la
fundación de la Universidad. Su fundador, Manuel Antonio de Castro,
había sido amigo y asesor de Cisneros, el último Virrey con sede en
Buenos Aires. Era a la vez Director de la Academia y presidente de la
Cámara de Justicia. La fundación de esta institución quedó
definitivamente autorizada en 1815. Allí se estudiaba principalmente
el derecho indiano y patrio y el examen final se rendía ante la
Cámara de Apelaciones, hecho social considerado muy importante. El
presbítero Antonio Sáenz, nombrado presidente de la misma, era
un hombre del Cabildo Abierto de Mayo (donde Castro como vimos
asesoraba al virrey aunque votó contra este) y sería uno de los
firmantes del Acta de la Independencia. Al menos 13 de los 31
representantes que proclamaron en 1816 la independencia fueron
miembros de la Academia. Sáenz fue Director y profesor del
Departamento de Jurisprudencia, primer rector y luego creador de la
UBA. La
Academia funcionará separadamente hasta la década de 1870, cuando
sería incorporada a la UBA. Fundada con el modelo de la Academia
Carolina de Charcas, la enseñanza allí era fuertemente práctica
sobre la base de casos concretos reales y recientes, que los alumnos
preparaban y debatían asumiendo la posición de las partes. Hasta
1821 su tarea sería principalmente de carácter práctico, lo que no
refiere solamente a los ejercicios sino al estudio de la realidad
jurídica nacional y a la necesidad de reformar la legislación.
Aprobado un examen de ingreso, se iniciaban los tres años de
práctica. Posteriormente dos nuevos exámenes –teórico y de
práctica forense- debía rendir quien deseara graduarse de abogado.
Al mismo tiempo en
Córdoba, como vimos, el Deán Funes diseñaba un nuevo currículum
en 1813 (aprobado en 1815), en el que las doctrinas morales
conservan un papel relevante en la enseñanza. Pero el primer plan de
estudios patrio rompería con la universidad colonial a través de
unas lecturas más racionalistas y se incorporaban estudios más
necesarios para un Estado en formación. Funes considerará a su vez
indispensable unir al estudio del Derecho Civil la enseñanza del
Derecho canónico para que tanto Iglesia como Estado se auxilien
mutuamente. A ello se añade la conveniencia de que los legistas
tengan abiertas tanto las carreras civiles como las eclesiásticas.
El Deán buscaba una armonía entre la enseñanza del Derecho romano
y canónico con las más modernas leyes patrias y el iusnaturalismo
racionalista, moderación que se completaba con un perfil
historicista que recomendaba el estudio de las antiguedades y de la
historia. Su plan
organizaba los estudios de jurisprudencia en cuatro años. En el
tercero, mandaba enseñar legislación nacional, un evidente impacto
del nuevo orden que pretendía excluir el derecho real. Pero las
leyes nuevas apenas comenzaban a formarse y era difícil que
alcanzaran a cubrir un año completo de enseñanza (por lo que se
siguieron enseñando y examinando las del viejo orden colonial). El
último año constaba de ejercicios para la práctica judicial, a
través de la ejecución de alegatos, discursos y traducciones de
autores clásicos como Terencio, Cicerón, Tácito y Tito Livio.
Dicha formación se completaba con estudios de retórica.
En
el Congreso de Tucumán de 1816, la mitad de los congresales son
graduados de la Universidad de Córdoba. La enseñanza del derecho no
cambió sustantivamente tras la declaración de la independencia. Las
breves pasantías en estudios jurídicos o academias usualmente
privadas eran el paso previo al examen frente a la Cámara de
Justicia que permitiera recibirse de abogados.
En 1817 el doctor
Manuel Antonio de Castro, el mencionado Director de la Academia de
Bueons Aires, es designado gobernador de Córdoba y encara al año
siguiente la reforma de la Universidad. Consideraba el tiempo
dedicado al estudio del Derecho en el plan de Funes escaso, además
de calificar como fallido el último (cuarto) año destinado a la
práctica por lo que la substituirá por la enseñanza del Derecho
Público y de Gentes. Extendió entonces el tiempo de enseñanza y
comenzó una tendencia que luego se profundizaría en los años por
venir hacia una simplificación formularia del derecho. A su vez, se
habían aumentado las cátedras pero no el número de profesores,
dada la situación económica de la Universidad. La Cámara de
Apelaciones había reemplazado a la Audiencia de Buenos Aires para el
examen habilitante para los estudiantes de Córdoba, para lo que se
preparaban en los estudios jurídicos de la ciudad para la práctica
ante la ausencia de una Academia como la que el mismo Castro tres
años antes había erigido en Buenos Aires.
En
1820, en el pico de la anarquía, resulta interesante
la posición del claustro de Córdoba sobre la función que debía
cumplir la Universidad en esos tiempos políticamente agitados:
“formar los sacerdotes i los ciudadanos de la Patria”.
1821-1835:
Período Inorgánico
En esta nueva década, y en continuidad con lo que veníamos viendo,
en Córdoba el clero secular seguirá cumpliendo un rol ya que
muchos clérigos fueron rectores o dictaron clases, modificaron
planes e incorporaron materias.
Como también
vimos, antes de la creación de la Universidad de Buenos Aires y con
ella su Departamento de Jurisprudencia en 1821 y dada la orientación
teológica de la Universidad de Córdoba, los porteños debían u
optaban por trasladarse a Chuquisaca o Santiago, o a Lima o a España
en el caso de los más pudientes para los estudios jurídicos
universitarios.
El
Departamento de Jurisprudencia, antecedente directo de la Facultad de
Derecho de la UBA, tuvo en su primer año solo 9 inscriptos. Diseñado
por el presbítero Antonio Sáenz, Doctor graduado en Chuquisaca,
tenía como uno de sus objetivos formar una clase dirigente local.
Sus dos cátedras, Derecho Civil y Derecho Natural y de Gentes,
estuvieron a cargo de Pedro Alcántara de Somellera, la primera, y
del mismo Sáenz, la segunda. Somellera, utilitarista, proponía en
la primera un acercamiento benthamiano al derecho e implicó un
cambio en la enseñanza respecto a la tradición que equiparaba el
estudio del derecho civil con el romano. Sus
alumnos no aprendieron las instituciones civiles siguiendo los textos
justinianos o con obras vinculadas a la tradición romano-canónica.
Leían a Bentham, Montesquieu, y las ideas del racionalismo
iusnaturalista y el contractualismo del siglo XVIII, la noción de
división de poderes y el cuestionamiento del derecho del antiguo
régimen, Cuando nace la UBA, entonces, el movimiento de las ideas en
el derecho estaba representado por dos tendencias. Una, la más
antigua, veía dos fases en la ley: la terrena y la ultraterrena. La
otra derivaba sus principios del utilitarismo que estaba comenzando a
esparcirse en el país. La del derecho natural que encarnaba Sáenz
era todavía, sin embargo, la concepción juridica más general de la
época. La prédica de los principios del derecho revolucionario y el
despertar de nuestra cultura jurídica tuvieron su expresión más
alta en esas dos cátedras a las que luego se agregarían derecho
canónico/derecho público eclesiástico, y, por poco tiempo, una
cátedra de economía política.
Desde
1821 hasta la desaparición de la Academia de Jurisprudencia los
estudios jurídicos estuvieron dispuestos en dos niveles: el
académico, cuyo título lo daba la Universidad (Doctor en
Jurisprudencia) y el profesional que daba la Academia, que habilitaba
para la práctica. La asistencia de los nuevos doctores a las
sesiones de la Academia duraba tres años a fin de los cuales debían
rendir dos exámenes generales de egreso: uno teórico y el otro
práctico. Una vez aprobados, el practicante debía solicitar del
Superior Tribunal de Justicia se le admitiese a rendir el de abogado
que se prestaba ante diez ministros que integraban dicho tribunal
sobre todas las materias y puntos del derecho y de la jurisprudencia,
teóricos o prácticos. Para convertirse en abogado en BA entonces
era necesario pasar tres años en el Departamento de Jurisprudencia y
otros tres en la Academia de Jurisprudencia.
El
primer antecedente de un conflicto estudiantil en la Universidad de
Buenos Aires ocurrirá cuando los alumnos de Jurisprudencia
protestaron en 1823 contra el curso de Derecho Natural y de Gentes,
donde aprendían nociones “que no tienen utilidad práctica
alguna”, estimando
más conveniente para los estudiantes la conversión de esa cátedra
en una de Derecho Público o de Historia del Derecho. Los estudiantes
se interesaban más por el Derecho Civil. De cualquier manera, la
protesta no prosperó. Sin embargo, estaba ya presente la idea de que
la historia del Derecho era un conocimiento práctico.
Desde
1823 a 1830 se dictará también Economía Política, cátedra que
Antonio Sáenz creó en el marco
del Departamento de Estudios Preparatorios que luego sería
incorporada al de Jurisprudencia.
En Córdoba
comenzará a funcionar en 1823 también finalmente una Academia de
Jurisprudencia Teórica y Práctica, en base a la porteña, pero
tendrá corta vida asediada probablemente por problemas económicos
y escasez de practicantes -entre 1823 y 1830 solo hubo 13 licenciados
en la universidad. También tendrá lugar ese año la reforma
de José Baigorrí del Plan de estudios que buscará separar el
estudio de la enseñanza jurídica de su asociación con la
revolución y el liberalismo. Se veía la mano del canonista Baigorrí
en una mayor presencia de las leyes eclesiásticas. La enseñanza
obligatoria de la retórica estaba a cargo de los profesores de
teología, cánones y derecho civil.
Volviendo a Buenos
Aires, para 1825 la enseñanza del derecho era principalmente
comparativa y filosófica, centrada en el derecho civil y el derecho
canónico. Como vimos, los estudios de abogacía y doctorado estaban
separados; y cuando fueron vinculados por la existencia de las dos
instituciones, los estudios de la Academia (abogacía) eran
posteriores a los de la Universidad (doctorado). Este año se surpime
la cátedra de Economía Política en la UBA, para luego
reestablecerse por cuatro años hasta 1930. A la muerte de Sáenz, se
nombró en su lugar en la cátedra a Pedro José Agrelo, quien
presentó su renuncia en 1929 por haber sido designado Fiscal de
Estado. En 1826 se suma en la UBA también la enseñanza del Derecho
Canónico. Valentín Gómez, rector, dice que un abogado no puede
prescindir del conocimiento de ese derecho en nuestro país.
En
1827 Pedro Somellera inaugura en la Academia Teórico Práctica de
Jurisprudencia sus cursos de Derecho Comercial y Criminal
teórico-práctico ante un selecto auditorio. Al año siguiente
abandona por razones de salud su cátedra de Derecho Civil en la UBA,
siendo substituido por Florencio Varela hasta mediados de 1829. De
las seis tesis presentadas para obtener el título de Doctor, cinco
de ellas durante los años 1828-1829 corresponden a temas
económico-financieros.
En 1829 se
utilizaba para el estudio del derecho civil la obra de José María
Álvarez, que en la edición de ese año había suprimido las citas
de las Leyes de Indias, pero el contexto era desalentador ya que en
1829 estudiaban en el Departamento de Jurisprudencia de la UBA solo
ocho alumnos y en los últimos cuatro años se graduarían catorce
alumnos en total.
Con
la llegada de la década del 30 se verá el retroceso
del pensamiento racionalista e ilustrado y el avance del romanticismo
y el historicismo jurídico como reacciones contra la razón, porque
no concebían que el derecho pudiera ser un producto exclusivo de
ella sino que en su formulación tenían un papel preponderante las
costumbres y la historia. (Dos representantes de la generación del
37, como fueron Alberdi y Echeverría, dieron cuenta de estas nuevas
concepciones. Para el primero, “se trata pues de considerar el
derecho de una manera nueva y fecunda: como un elemento vivo y
continuamente progresivo de la vida social; y de estudiarlo en el
ejercicio mismo de esta vida social. Esto es verdaderamente conocer
el derecho, conocer su genio, su misión, su rol (…) Saber, pues,
leyes, no es saber derecho; porque las leyes no son más que la
imagen imperfecta y frecuentemente desleal del derecho que vive en la
armonía viva del orgnaismo social”. Por su parte, el segundo
consideró que “Nuestra legislación debe ser parto de la
inteligencia y costumbres de la Nación (…) La obra de la
legislación es lenta, porque las costumbres no se modifican de un
golpe”. Sus representantes profesaron un eclecticismo que no creía
en desechar la experiencia jurídica del pasado por un orden jurídico
codificado, y se pronunciaron en contra de la utilización de modelos
jurídicos extranjeros, revalorizando las tradiciones y prácticas
propias.
En este nuevo clima
ideológico, el derecho romano será reivindicado como una asignatura
necesaria para los futuros abogados y volverá a introducirse en la
enseñanza universitaria del derecho civil en el marco de una serie
de reformas que tuvieron lugar en la universidad.
En 1830 se suprime
la cátedra de Economía Política en la UBA que no se restableció
hasta después de la caída de Rosas, y comienza un período de
decadencia en Córdoba: muchos profesores se apartan del recinto
universitario. El libro de Benjamin Constant, Curso de Política
Constitucional, se adopta para segundo año en Córdoba, siendo
Constant alguien que representaba una actitud moderada y de
superación del iluminismo deciochesco.
En lo que hace a la
enseñanza del derecho en Buenos Aires, el proyecto de 1830 del que
participaron entre otros Vicente López y Planes, Avelino Díaz y
Pedro de Angelis, destacó la necesidad del estudio del latín al
reconocer que “no puede desconocerse que (…) las principales
obras permanecen y permaneceran en latín”, además de ordenar que
en el Departamento de Jurisprudencia se enseñaran materias como
Derecho Civil, Derecho Público y de Gentes, Derecho Público y
Privado y Elementos de Economía Política y que se utilizara para el
estudio del derecho civil la obra de José María Álvarez.
En
medio de estos cambios y encontrándose vacantes las cátedras de
Derecho Civil y de Derecho Natural y de Gentes se designó profesor
de ambas materias en BA al Dr. Rafael Casagemas, un hombre alejado de
los postulados utilitaristas. Al mismo tiempo, Felipe
Arana recordará en los tiempos de la mazorca la obligación de los
académicos y abogados empleados o destinados en la Academia de
Práctica Forense de usar la divisa federal.
En el curso dictado
entre los años 1832 y 1833 por Casagemas encontramos que varias
instituciones se definieron siguiendo las prescripciones de las Siete
Partidas y demás normas castellanas y que no hay referencias a
autores como Bentham. En la mayoría de las explicaciones Casagemas
recurrió a los textos castellanos de tradición romana.
Rafael Casagemas
(oriundo de Cataluña) había sido elegido para comenzar a cargo de
la Cátedra de Derecho de Gentes desde 1832, hasta 1834 en que asume
Valentín Alsina, quien solo estuvo a cargo durante un año luego del
cual la cátedra volvería a Casagemas en la que permanecería hasta
1857.La cátedra de derecho civil estuvo desde entonces y hasta 1857
unida a la de derecho de gentes. La orientación tradicional
sustituía la utilitarista de Somellera.
Vicente
Fidel López describió la labor realizada por Casagemas para 1834 de
esta manera: “terminé mi curso regular de físico matemática y
pasé a las aulas de Derecho. Este estudio abrazaba seis años: tres
de Institutas y tres de Práctica. Los tres primeros años se
ocupaban en tres ramas: Derecho Civil; Derecho de gentes, profesor
doctor don Valentín Alsina; Derecho Canónico; en el Derecho Civil
entraba el romano. El curso de derecho abrazaba seis años: tres de
teoría y tres de procedimientos prácticos en la Academia
teórico-práctica de jurisprudencia.” En cuanto al Departamento
de Jurisprudencia con las modificaciones vigentes en 1834 comprendía:
Derecho Civil; Derecho Público y de Gentes; Derecho Público y
Privado Eclesiástico, conciliado con el Civil y Elementos de
Economía Política.
En 1834, Juan María
Gutiérrez escribía a Pío Tedín que se encontraba “al umbral de
la Academia, de ese gótico claustro de gotiquísimos doctores.
Academia que detesto, que abomino con todas las fuerzas de mi alma, y
a la cual es necesario que entre a perder mis mejores horas de paseo,
a ver la cara frailuna de Medina, a ser mártir en fin; para salir
luego un mal abogado y no hacer nada”.
En
Córdoba se crea en ese mismo año la cátedra de Derecho Público y
uno de sus primeros profesores será Santiago Derqui. En el nuevo
plan se disminuye el estudio de los derechos civil y canónico.
1835-1852:
Los tiempos de Rosas
En estos años,
Rafael Casagemas enseña en el Departamento de Jurisprudencia de la
UBA con un libro de Derecho Civil del guatemalteco José María
Alvarez, quien había hecho un compendio de derecho romano, español
y latinoamericano y que se usará hasta que aparezca la obra de Velez
Sársfield. Como continuación de lo ocurrido a comienzos de la
década, enseñaría asimismo Derecho de Gentes en los tiempos de
Rosas contándose entre sus discípulos a Marco Avellaneda, Juan
María Gutiérrez, Miguel Cané y Juan Bautista Alberdi. José León
Banegas dictaba, a su vez, la cátedra de Derecho Canónico.
Los
primeros treinta años de vida del Departamento de Jurisprudencia
fueron testigos de dos orientaciones bien definidas en la enseñanza
del derecho civil. La primera, presente desde 1821, había encarnado
como vimos en el utilitarismo benthamiano de Somellera. La segunda,
presente con fuerza ahora en Casagemas, bebió de la recepción del
romanticismo y el historicismo que rechazaban el imperio de la razón
y suponían que el derecho se encontraba en el alma, las costumbres y
la historia de un pueblo. Por ello, se revalorizó el estudio del
derecho tradicional combinado con las normas patrias hasta entonces
existentes y con el derecho real. Se cuenta que Casagemas hablaba
un castellano mezclado con catalán y que las clases de Banegas no
tenían mucha llegada a un alumnado con ya poco o nulo interés en la
materia.
El proceso de
supresión de cátedras y expulsión de profesores se agudizó. El
Departamento de Jurisprudencia solo tenía en la última etapa del
rosismo a esos dos profesores: uno consagrado a las cátedras de
Derecho Civil y de Gentes, otro a la Filosofía y Derecho Canónico.
Había un tercero dedicado a la enseñanza del Latín, pero esta
materia no era específica del Departamento de Jurisprudencia.
Una
peculiaridad de la época fue el partidismo al cual debían someterse
todos los miembros de la Universidad: basta con notar que los
requisitos para graduarse exigían fidelidad y adicción a la causa
de la Federación. Sarmiento, en varios pasajes de Las
ciento y una,
recordó que Alberdi se recibió de abogado en Montevideo y Santiago
de Chile, resaltando que no era abogado en su patria, prto Alberdi
alegaba que ello había sido así por no querer prestar el juramento
requerido de fidelidad a la dictadura de Rosas.
Ciento
cincuenta y cinco doctorados en Jurisprudencia se concedieron entre
1831 y 1850, graduándose entre 11 y 12 estudiantes por año. En 1850
se graduaron 18 y 17 en 1852, en los dos últimos años del período.
Hay también artículos académicos que refieren a que la universidad
habría expedido en esos tiempos de aguda politización títulos que
no existían como el de doctor en Derecho canónico y en ambos
Derechos, sin exigirse supuestamente en algunos casos exámenes
generales. Pero si bien puede notarse un importante deterioro en la
enseñanza del derecho en el período, el debate en torno a las ideas
jurídicas encontraría, sin embargo, nuevo impulso en la generación
jóven: el Fragmento
preliminar al estudio del derecho escrito
por uno de los alumnos más conocidos de la UBA, Juan Bautista
Alberdi (1837) y algunas tesis doctorales (como la de Juan María
Gutiérrez de 1834) reflejaban las ansias con que los jóvenes
buscaban en el estudio del derecho el desarrollo de una filosofía
política que sirviera de guía a la nación. El órgano oficial de
Rosas llegó a hablar de los estudiantes del Departamento de
Jurisprudencia como “presumidos y hogazanes”, a lo que Echeverría
responderá con una carta. Muchos profesores, alumnos y graduados en
Derecho tuvieron que exiliarse, por lo que decayó la calidad del
Departamento. No obstante, muchos estudiantes del mismo en el período
se destacaron años después en la vida intelectual, profesional y
política: además de los nombrados Alberdi y Guitérrez, puede
mencionarse a Marco Avellaneda, Bernardo de Irigoyen, Vicente F.
López, Marcos Paz y Luis Sáenz Peña, entre otros.
El
libro de
Alberdi mencionado fue uno de los más consultados por los
estudiantes de jurisprudencia en la UBA a mediados del siglo XIX. En
el mismo se señala que la legislacion debe ser estudiada con un
criterio histórico y filosófico considerando el derecho como un
elemento vivo de la vida social, y que se trataba de estudiarlo en el
ejercicio de la misma. Saber leyes no era saber derecho porque el
derecho vivía en la armonía del organismo social. Para Alberdi, el
estudio debía basarse en la indagación constante de los principios
racionales del derecho y en el permanente ejercicio de su aplicación
práctica. El abogado debía filosofar y razonar más que conocer la
letra de la ley, lo que suponía propio de una pobre enseñanza.
Alberdi conocía la
precariedad que padecían los estudios del derecho. Además, a partir
de 1838 el
gobierno había decidido retirar la protección a la Universidad y
los alumnos debían pagar los sueldos del catedrático y del
preceptor encargado de las aulas. En 1843 Alberdi visita la
Universidad de Génova y la de París, y eso hará que proponga a los
gobiernos de los nuevos Estados un cambio en el plan de enseñanza.
En 1850 redacta su
“Carta sobre los estudios convenientes para formar un abogado, con
arreglo a las modalidades de la sociedad actual en Sud-América”,
con todo un programa de contenido universitario. Dice que no hay que
exagerar la importancia del estudio del derecho romano, aunque lo
considera necesario (un año en Turín sería bastante), y supone
conveniente estudiar el derecho francés, así como anoticiarse de
otras legislaciones extranjeras. Recomienda el estudio del derecho
minero y del derecho rural y afirma que el derecho comercial debe
formar la mitad del saber de un abogado hispanoamericano. Supone que
el estudio del derecho comercial francés es de gran utilidad para
nosotros, entre otras razones porque son indirectos comentadores de
nuestro derecho comercial español. Y distingue el derecho
internacional público del privado, siendo este último el que
particularmente debería ser de interés en nuestras tierras. Dos
años de residencia en Francia serían suficientes para adquirir un
primer contacto con esas materias, así como sería más util
estudiar el dos o tres años derecho español en España. A su vez,
suponía necesario regresar con tiempo a América para estudiar el
derecho patrio sin el cual sería imposible el ejercicio de los
conocimientos adquiridos en Europa, agregando que no se
aprende a fondo el derecho ni ninguna ciencia sino con la edad y la
experiencia.
Alberdi dejó registro en esta
carta escrita en Valparaíso mucho de lo que se reclamaba entonces de
una escuela de derecho. Pero la universidad no era de la misma
opinión, se trataba de fuerzas contrarias: la Universidad estaba
lejos de Alberdi.
En
Córdoba, por otra parte, los cambios que había hecho Baigorrí
serían suprimidos en 1841 y regiría todavía el plan
elaborado por el deán Funes en 1815, con las reformas de 1818, 1822
y 1834 (aunque la cátedra de Derecho Público creada en este último
año será eliminada).
1852-1873
Período Intermedio
Veremos aquí como
durante la segunda mitad del siglo XIX se exaltará el texto de la
ley como objeto de estudio y aumentarán los estudios teóricos
reduciéndose la enseñanza práctica.
Para comenzar, el
estudio en la Universidad se haría a partir de 1857 en cuatro años
y la práctica en la Academia en dos, manteniéndose el número de
años de los estudios pero disminuyendo los prácticos y aumentando
los teóricos. Después de Caseros se producirán gradualmente
cambios relevantes en los estudios de Derecho. Las
reformas al plan de estudios de la UBA de 1852 suponían una carrera
de seis años de duración, siendo el doctorado un título adicional.
Algunas ideas de Alberdi comienzan a adquirir peso y se crean
las asignaturas de Derecho Criminal y Mercantil (a cargo de Carlos
Tejedor desde 1856), Derecho Constitucional y Adminstrativo (1868) ,
Militar y de Medicina Legal (1873), varias sin carácter obligatorio
y con honorarios, y se reabre la cátedra de economía política que
había tenido unos pocos años de existencia antes del rosismo. El
problema principal era la falta de profesores en condiciones de
asumir las materias y la ausencia de textos sobre los cuales
organizarlas. Marcelino Ugarte sucederá a Casagemas en Derecho Civil
y el Derecho Internacional, incluido
como parte del programa, sería incorporado posteriormente en los
planes del Doctorado.
De 1858 es la tesis
doctoral de Matilde Lobo, “La mujer puede pedir se quite a su
marido jugador la administración de los bienes gananciales”,
anterior a la sanción del código civil en más de 10 años. Esta
será la única tesis de una mujer en más de 80 años.
Mientras en 1854 se
funda una Escuela de Derecho del Colegio del Uruguay en Entre Ríos,
en Córdoba la censura y los debates
anacrónicos parecen dar cuenta de una cultura universitaria todavía
dominada por el paradigma antiguo. En la Facultad se dictan
dos cursos que totalizan cuatro años de estudio. En primer año se
enseña Derecho Romano, Canónico y Natural; en segundo se suma el
Internacional. El tercer año comprende la enseñanza del Derecho
Patrio, Canónico y de la Economía Política y, finalmente, el
último año se completa con Procedimiento y Derecho Constitucional
Argentino. A esto se suma en los años siguientes la enseñanza del
Derecho Público Eclesiástico. Por su parte, la Academia de Práctica
Forense en Córdoba requería el pago de un derecho de ingreso y una
mensualidad. En realidad, se
le había dado carácter público a una academia privada que
funcionaba en el estudio de José Severo de Olmos. Su primer
presidente fue el propio Olmos que era a la vez rector de la
Universidad y presidente de la Cámara de Justicia: la misma persona
estaba involucrada en la enseñanza en el aula, la práctica en la
academia y el examen ante los tribunales.
En
cuanto al Derecho Constitucional, la existencia de la tendencia a
hacer girar su teoría en Argentina en torno al modelo norteamericano
se haría notoria a partir del comienzo de la enseñanza de esta
materia en las facultades de derecho argentinas, en Córdoba desde
1858, en Buenos Aires desde 1868. Como señalábamos anteriormente,
uno de los obstáculos mas serios era relativa
escasez abogados capacitados también en esta materia. Esa necesidad
centró la atención en el proceso de formación universitaria y
generó opiniones divergentes sobre la manera en que la misma
respondía a las necesidades de la sociedad argentina del momento,
sobre todo en el interior. A la escasez de graduados que pudieran
ocupar los cargos creados en el nuevo sistema federal de Justicia se
sumaba el problema de la superposición entre funciones judiciales y
cargos políticos, donde había un permanente movimiento alimentado
por esa escasez de "hombres ilustrados" que afectaba
particularmente a los jueces federales, dado el carácter político
de la justicia federal durante el proceso de organización del estado
nacional cuando los enfrentamientos entre gobierno nacional y
caudillos provinciales fueron frecuentes. Pero
frente a un discurso que giraba en torno a los problemas planteados
por esa escasez, se había desarrollado otro pensamiento opuesto que
veía en el exceso de abogados un obstáculo para la transformación
de la realidad argentina. Por un lado entonces tenemos un discurso
que ve a los juristas y abogados como necesarios para gobernar el
país y actores principales del proceso de construcción del estado
nacional, y que por tanto debía mejorarse la enseñanza del derecho
en ese sentido y, por otro, un discurso que tendía a subrayar una
sobrevaloración de los abogados y juristas en desmedro de los
"hombres prácticos": ingenieros y hombres de ciencia, si
se trataba de formaciones universitarias, o comerciantes e
industriales en general, que serían en esta interpretación los
verdaderos constructores de la nación. Allí se inscribe esta
crítica de Alberdi a la educación universitaria en
Sudamérica:
El
único producto nacional y propio de las universidades de Sudamérica
es el doctor en leyes o el abogado (...) En el Plata está ahogada
la ciencia por la literatura. Su actividad intelectual presenta el
cuadro de una escuela de retórica. Sus grandes inteligencias son
todas literarias, sus principales producciones, literarias. Rarísimo
es el hombre de ciencia que no sea europeo.
Para Alberdi la
sobrevaloración de este tipo de educación contribuía a las
pasiones y entusiasmos que la industria y el comercio debían
aplacar. De cualquier manera, serían los participantes de este
proceso de formación de profesionales de la ley quienes
contribuyeron a definir el marco institucional en el cual se
desarrollaría la sociedad argentina moderna. Dos de las áreas de
especialización más importantes en esos años fueron el Derecho
Constitucional y el Derecho Civil, donde se reflejan preocupaciones
que hacen a la organización política y constitucional y a la
estructura y la configuración de las instituciones sociales básicas.
Pero
a la hora de pensar la construcción institucional argentina debemos
destacar también la enseñanza en el área del derecho penal de
Carlos Tejedor. Desde la creación del Departamento de Jurisprudencia
de la UBA, una de las preocupaciones y discusiones principales de sus
miembros fue en torno a la denominada cuestión criminal.
La UBA era asimismo
una arena donde todavía se acudía al derecho castellano-indiano y
se debatían las normas que se consideraban superadas. Entre
1861-1870 se presentaron en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires treinta y nueve tesis sobre derecho civil y procesal
en las que sus autores hicieron referencia al derecho
castellano-indiano. Los doctorandos acuden casi exclusivamente al
mismo para fundamentar sus posiciones aunque a lo largo de las tesis
se sostenga que hay ocasiones en la que éste no puede aplicarse por
variar las circunstancias o simplemente por haberse dejado de usar.
Las tesis doctorales son a su vez campo para alzar voces en favor o
en contra del trabajo de Velez Sársfield. Ninguna de estas cosas
ocurrirá en el período posterior, como si la aplicación del nuevo
Código Civil hubiera “liberado” a los doctorandos de la
necesidad de citar el derecho castellano-indiano y los hubiera
“habilitado” a recurrir a otras fuentes (el Código Civil francés
o el derecho comparado, por ejemplo).
Sería a partir de
1861 con la llegada al rectorado de la Universidad de Buenos Aires de
Juan María Gutiérrez que los estudios de jurisprudencia comenzarían
a experimentar una gran transformación: por un lado, la eliminación
de la Academia de Jurisprudencia (incorporada a la Universidad diez
años después), por otro, la ampliación del curriculum con la
incorporación de nuevos cursos: derecho romano en 1863, derecho
constitucional en 1868, medicina legal en 1871, y de procedimientos
en 1873 (en reemplazo por la Academia). Esto determinó que los
estudios de abogacía culminasen en la Facultad, donde se recibía ya
el título habilitante.
Como decíamos,
además de que no había muchos jueces o abogados disponibles es
probable que tampoco el gobierno nacional confiara demasiado en los
existentes, dada su formación en Derecho Español y el tipo de
habilidades que se habían desarrollado en la Academia de
Jurisprudencia. El gobierno necesitaba homogeneizar el contenido
normativo del sistema político y no podía permitirse jueces que
desarrollaran su propia jurisprudencia y la ejercieran en las
provincias. En 1862 la total libre elección del tema de tesis fue
también suprimida en la UBA.
En 1863 los cambios
políticos vinculados con la caída del gobierno de la Confederación
y el avance de los círculos mitristas forzaron cambios relevantes en
el profesorado de Córdoba: los concursos permiten normalizar la
composición del profesorado y sucesivos planes perfeccionan la
enseñanza y acomodándola a las nuevas realidades. Se crean nuevas
cátedras, pero su aumento no siempre implica el del número de
profesores. Esta modernización de los estudios en la provincia
mediterránea continuaría al año siguiente al incorporarse el del
derecho civil argentino. El plan en Córdoba mantiene los cuatro años
de estudio, desaparece la enseñanza del Derecho Público
Eclesiástico, la del Derecho Canónico se reduce a dos cursos y
aparece el Derecho comercial como asignatura independiente, entre
otras innovaciones.
Leandro
N. Alem se había matriculado en la carrera de Jurisprudencia en
1864. En esa época cursaban en el
Departamento setenta y tres alumnos: Pedro Goyena, Carlos Pellegrini,
Victorino de la Plaza y Aristóbulo del Valle, entre otros. En 1864
se hizo cargo de Derecho Civil el doctor José Maria Moreno, quién
la desempeñó hasta 1880. De los primeros 60 nombramientos en
la justicia federal, 29 fueron graduados de Córdoba, 18 de Buenos
Aires, 5 de Chuquisaca y 2 de Montevideo, no contando con información
sobre los otros seis casos.
En
esos años se fundan también la cátedra de Derecho Romano y el
estudio del Derecho Internacional Privado como tal, en la UBA.
Federico Agustín Pinedo habría sido innovador
en la enseñanza de esta última, de cuyas clases han quedado
cuadernos sinópticos que se conservan en la Biblioteca de la
Facultad de Derecho, pertenecientes a Estanislao S. Zeballos cuando
fuera su alumno en 1872. El
derecho internacional público era objeto de un estudio deficiente
pues se prescindia casi por completo de la parte concerniente a las
Repúblicas hispañoamericanas. Este vacio empezó a llenarse desde
el curso de 1869.
Después
de 1865 llevaría cuatro años obtener el título y consistiría en
Derecho Civil, Derecho Canónico, Derecho Romano, Derecho Comercial,
Economía Política y Derecho Penal. En
el proyecto de reformas que el rector Gutiérrez presentó en 1866 el
derecho canónico se mantuvo en la misma orientación que la guiaba
durante el rosismo, a pesar de los intentos de cambio de esa materia
por una de derecho público eclesiástico.
En 1868 Florencio
González, jurista colombiano, asumirá la cátedra de Derecho
Constitucional que se había creado en el Depto de Jurisprudencia de
la UBA en 1855 (pero hasta entonces vacante), y poco después
publicará sus Lecciones de derecho constitucional, primer
manual de la materia que transcribía a los tratadistas
norteamericanos. Se concede gran importancia al estudio de la
constitución norteamericana, acorde a lo que ocurre también en
Córdoba (donde se había creado en 1859).
En
cuanto a la enseñanza del Derecho Civil, en la UBA su prominencia
era consistente con la importancia que tuvo la aparición del código.
Los códigos españoles, la recopilación de leyes de Indias y el
registro oficial, que contenían nuestra legislación civil en vigor
entonces, no existian en la Universidad y no se hallaban en el aula a
disposición del profesor. Los libros eran muy caros para la mayoría
de los estudiantes y entonces el derecho civil se enseñaba sobre la
la exposición que hacian los tratadistas y catedráticos. Fue
solamente cib la aparición del Código civil que Moreno lo tomó
como texto de sus lecciones, y desde entonces se ensenó la ley civil
teniéndola presente. El
debate público en torno al mismo se trasladó a las aulas
universitarias en las que los
profesores de derecho celebraron la disponibilidad de la publicación
de su borrador y conveniencia como texto para enseñar. De ahí en
adelante, enseñar el Derecho Civil Argentino será equivalente a
enseñar el Código. Y esa enseñanza fue vista como el modelo para
otros cursos, comenzando de esta manera el modelo de la enseñanza
del derecho que caracterizó a la Argentina en adelante.
Según el Censo
Nacional de 1869, del total de 439 abogados en todo el país más de
la mitad estaba en la provincia de Buenos Aires. En algunas
provincias (San Luis, Santiago del Estero, Mendoza, La Rioja, Jujuy)
el total no llegaba a diez.
Una buena parte de
la dirigencia política argentina era formada en la UBA. En 1869
recibieron sus diplomas de Doctores en Jurisprudencia, por ejemplo,
Carlos Pellegrini, Leandro N. Alem, Pedro Goyena y Aristóbulo del
Valle. Del grupo de graduados de ese año escribieron tesis
doctorales con temas vinculados al Derecho Constitucional y la
filosofía política, Aristóbulo del Valle (que años más tarde
ocuparía la cátedra de González), "Intervención del gobierno
federal en el territorio de los estados" y Carlos Pellegrini,
"Estudio sobre el derecho electoral"; entre otros. En esa
Universidad de Buenos Aires bajo el rectorado de Juan María
Gutiérrez, y en las cátedras de Derecho Constitucional de
Florentino González, o de Derecho Civil de José María Moreno, se
formarían hombres que pocos años más tarde estarían ocupando las
posiciones más destacadas en la política argentina.
En
1871 un alumno del Departamento de Jurisprudencia de la UBA se
suicidaría por haber sido reprobado en un examen lo que desencadenó
una revuelta estudiantil y la exigencia de una “Reforma
Universitaria”. Así, se constituía el Movimiento o
Asociación “13 de diciembre”, sostenido en gran medida por
estudiantes del Departamento de Jurisprudencia, nombre que todavía
tendría lo que sería la Facultad de Derecho a partir de 1874.
Entre algunos de los cabecillas de la revuelta
estuvieron Estanislao Zeballos, Francisco y José María Ramos Mejía,
Lucio Vicente López Pedro Arata y Eduardo Belgrano. Entre los
alumnos que cursaban Jurisprudencia en 1871 se puede mencionar
también a Miguel Cané, José María Cantilo, Ángel P. Carranza,
Roque Sáenz Peña y Adolfo Saldías. La protesta redundó en la
separación
de los profesores responsables, la fundación del un centro
estudiantil, la instalacion de ciertas reformas y principalmente del
célebre decreto de 1874 que crea la Facultad de Derecho.
Zeballos
sería tiempo después Profesor de la cátedra de Derecho
Internacional Privado, sucediendo a Amancio Alcorta y en 1918 fue
Decano Interventor de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. Lucio Vicente López fue luego Profesor Titular de
Derecho Constitucional y Administrativo y Francisco Ramos Mejía
participó en la revolución de 1874, acompañando a su padre junto a
Mitre, y en la de 1890.
El nuevo plan de
estudios ya está diseñado para seis años de duración, cambiando
la relación temporal entre los títulos de abogado y doctor: las dos
carreras duran los mismos 6 años pero para optar al título de
doctor además de los estudios completos de abogacía era necesario
agregar una tesis, que es el esquema que hoy conocemos.
En
1871 se fundan los Colegios Nacionales y los estudios de Derecho se
incluyen en los planes de enseñanza secundaria, lo que se mantiene
hasta 1880. Se nota una escasez de ejemplares
disponibles del Código, en algunas provincias existían apenas dos o
tres ejemplares. Muchos estudiantes se encuentran en grandes apuros
para poder cumplir el programa de Derecho Civil por esa razón. Como
dijimos, ya
desde antes de su sanción, José María Moreno en su cátedra venía
incitando ostensiblemente a los estudiantes a estudiarlo, siendo
aparentemente el único material que usaba (cumpliendo respecto a la
difusión del código un papel similar al que Florentino González
jugaría respecto a la difusión de la doctrina constitucional
norteamericana). Pero los ejemplares no siempre habían abundado.
Con
el cierre de la Academia Teórico Práctica de
Jurisprudencia, la
práctica institucional de ponerse uno mismo en el lugar de varios
intereses e interpretar leyes y costumbres se dejaba a la capacidad
de cada graduado para descubrir por su cuenta y desarrollar en casos
reales para clientes reales en la práctica diaria de la profesión.
De un sistema educativo que había incluído una discusión
deliberativa de casos simulados en las Academias se pasaba a una
repetición dogmática de textos con la idea de que los actores
legales sirvan a los políticos aplicando el Código de manera
uniforme en toda la nación. Esta reforma en la enseñanza del
derecho en Buenos Aires estuvo muy ligada a la sanción del Código
Civil. Todos los materiales previos, la ley que había sido estudiada
en el Departamento de Jurisprudencia y en la Academia, fueron
borrados de la enseñanza del derecho en la Argentina. Moreno propuso
extender el curso de Derecho Civil a cuatro años para poder estudiar
un título del código cada año, lo que sería aprobado.
El Código fue tan
existoso como texto de estudio que hasta fin de la década del 80,
esto es durante 20 años, fue prácticamente el único texto
universitario. Los tratados deberán esperar hasta la segunda década
del siglo XX, permitiendo al Código reinar durante casi cincuenta
años. El cambio en la ensñeanza del derecho fue abrupto. No solo se
había modificado una forma de enseñar de más de un siglo, sino que
esa modificación incluía los contenidos de la educación y la
concepción del derecho allí reflejada. La nueva enseñanza del
dereho solo requería profesores que enseñen la ley con claridad
como parte de un proyecto de construcción del Estado argentino.
Las dos voces que
más se alzaron en oposición a la sanción del Código Civil fueron
las de dos hombres derrotados por el proyecto político triunfante:
Juan Baustista Alberdi y Vicente Fidel López, dos anteriores
profesores de la Academia de Jurisprudencia de Buenos Aires. Su
reacción al código incluía la cuestión de la enseñanza del
Derecho, esto es, el Código como un texto no apropiado para
enseñarlo. La promulgación del mismo implicaba la destrucción de
una práctica interpretativa vigente hasta entonces. Los códigos,
que estaban hechos para gobernar naciones, se convertían en métodos
de enseñar el derecho y el exclusivo libro de texto de la clase.
Poco después de
que el Código Civil fuera promulgado, la Academia de Jurisprudencia
fue finalmente cerrada. Es posible que la forma en que se impartían
los conocimientos en la Academia, tan apegados al estudio de las
leyes procesales españolas y de los comentarios de sus prácticos,
no fuera compatible tampoco con las nuevas orientaciones que el
rector Juan María Gutiérrez quería imponer con sus reformas. Desde
entonces cuatro años de leer y repetir textos -básicamente el mismo
Código- serían suficientes para ingresar a la profesión. La forma
de enseñar el derecho cambió así de ser una educación para una
profesión argumentativa a ser ahora una ciencia formal aprendida
mediante la repetición de textos, acorde al tipo de abogados que
precisaba el gobierno, despojados de poder político.
Al fin de este
período el Departamento de Jurisprudencia pasó a ser la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, y se emprende una importante
transformación de los planes de estudios que, al exigir cuatro años
teóricos y uno de procedimientos, redujo a cinco los estudios de
derecho. Se presume para ese año además el cierre de la Academia de
Jurisprudencia de Córdoba y el reestablecimiento allí también de
la Cátedra de Procedimientos Judiciales.
Las dos grandes
universidades nacionales existentes entonces, Buenos Aires y Córdoba,
a partir fundamentalmente de sus facultades de Derecho, constituían
los ámbitos donde se formaban y recultaban los miembros de PEN, el
Parlamento, la magistratura y la diplomacia.
Por esos años se
instalarán Cursos Libres en el Colegio Nacional de Tucumán,
tendientes a difundir y vulgarizar los conocimientos legales, que
serán el antecedente de fundación en 1875 de la Facultad de
Jurisprudencia y Ciencias Políticas en Tucumán, y los estudios de
Derecho se inician también en Rosario con la inauguración de unas
aulas de Jurisprudencia para formar abogados. Poco tiempo antes, en
1869, se había hecho lo propio en el Colegio de la Inmaculada
Concepción de Santa Fe, dando comienzo a los primeros estudios de
derecho en la ciudad en las aulas de los jesuitas.
1874-1885
De la creación de la Facultad de Derecho a la Ley Avellaneda
Toda la juventud
del interior del país parecía orientarse al estudio de la abogacía
en estos años. En la UBA entre 1874 y 1880 se produjeron 326 tesis
doctorales en derecho, contra 188 de ciencias médicas, y 25 de
matemáticas. De las 326, 129 correspondían a temas de derecho civil
y 65 a temas de derecho constitucional (esto último por la
influencia que José Manuel Estrada, catedrático de la materia, tuvo
sobre los estudiantes de esos años), 40 a derecho comercial, 40 a
derecho penal, 37 a economía política, y las restantes 15 a
diferentes materias.
En
el último cuarto de siglo en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la UBA a los
conocimientos
legales se sumará el análisis de la realidad histórica, económica
y social. En
los planes de estudio comenzaron a aparecer materias tales como
Economía, Filosofía, Sociología e Historia del Derecho. No se
trataba de formar solo buenos profesionales del derecho. La mayoría
de los estudiantes y egresados de la Facultad se dedicaron a diversas
actividades por fuera de las estrictamente jurídicas. Así, es
posible identificar entre ellos a escritores, periodistas,
historiadores, etc.
La
dirigencia del Partido Autonomista Nacional estaría conformada
principalmente por egresados de la Facultad de Derecho de la UBA
(once de sus trece fundadores provenían de sus aulas: Leandro N.
Alem, Antonino Cambaceres, Miguel Cané, Bernardo De Irigoyen,
Aristóbulo Del Valle, Carlos Pellegrini, Dardo Rocha, Luis Sáenz
Peña, Roque Sáenz Peña, Marcelino Ugarte, Hipólito Yrigoyen). De
las trece presidencias que hubo entre 1880 y 1930, nueve de ellas han
estado ocupadas por ex alumnos de esta casa de estudios: Luis Sáenz
Peña, José Evaristo Uriburu, Manuel Quintana, José Figueroa
Alcorta, Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, Hipólito
Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear.
En
cuanto al ánimo estudiantil, los estudiantes comenzaron a exigir
modificaciones en cuestiones vinculadas con los exámenes, la
asistencia a clase, los pagos de derechos de matrícula o los modos
de designación de los profesores. En el caso de la Facultad de
Derecho, todos sus profesores y autoridades eran intelectuales y
políticos destacados de la denominada “generación del ochenta”.
El
sucesor de Florentino González en la cátedra de Derecho
Constitucional fue el ya mencionado José Manuel Estrada (1874-1884),
quien modificó fuertemente el enfoque de González reelaborando a
partir de los diferentes antecedentes históricos con EEUU que
marcaban una distinción al analizar el origen del federalismo
argentino: lejos de constituir un pacto entre provincias entendidas
como estados soberanos, la unidad nacional era vista como anterior a
las provincias. Esta interpretación sería continuada por los
sucesores de Estrada, Lucio V. López, y Aristóbulo del Valle.
Estrada se encontró casi solo durante todo el tiempo que permaneció
en una Facultad donde predominaba el espíritu liberal, ajena a
cualquier control por parte del clero como sucedía en Córdoba. Era
el primer profesor argentino de la materia. No era abogado ni había
cursado en las aulas universitarias, pero reunía antecedentes y
méritos como intelectual y docente.
En
estos nuevos tiempos se le
permite a la Facultad, sin los requerimientos de una residencia en un
estudio o un examen frente a las cortes, otorgar el título en
derecho que le permite a alguien practicar la ley. Con el cierre de
la Academia de Jurisprudencia, como vimos, las habilidades
intelectuales y prácticas en las que los estudiantes se habían
estado entrenando desaparecían de la enseñanza del derecho junto a
la metodología que había educado a parte importante de los
responsables de la Independencia Argentina. Los estudios y
preocupaciones tendieron a focalizarse en el contenido pedagógico de
la clase, la currícula, la educación de los profesores y las
teorías del derecho que éstos aceptaban.
En
el nuevo sistema la autoridad de la Facultad de Derecho recaía en un
órgano llamado la Academia (que no hay que confundir con la
recientemente disuelta Academia de Jurisprudencia), integrada por 14
miembros vitalicios que cooptarían a sus futuros integrantes, no
siendo necesario tener títulos jurídicos para integrarla (tales los
caso de Bartolomé Mitre o Julio Argentino Roca). Por debajo de este
órgano estaban los profesores, que no necesariamente eran
académicos, designados por la propia Academia hasta 1885. Los
“académicos” integrarían el órgano de gobierno existente desde
1874 hasta la reforma del año 1906. Y los
profesores de aquel primer plan de estudios de 1875 no solo eran
abogados porteños de la élite social sino que además eran los
dirigentes políticos de su época. La oátedra, la politica y el
periodismo los solicitaban al mismo tiempo.
La
UBA estableció en su plan varias materias que no formaban parte del
“plan” de Alberdi: Medicina Legal, Procedimientos, Introducción
General al Estudio del Derecho, Filosofía del Derecho y Economía
Política. Y no adoptará de la sugerencia Alberdi en ese entonces,
sino bastante años después, Derecho Minero, Derecho Rural y Derecho
Internacional Privado, que eran las asignaturas supuestamente
originales de su propuesta. Comparando el plan bonaerense con el del
ministro Salvandy para París, se comprueba que todas las materias
del primero, salvo Medicina Legal, estaban en el segundo, junto a dos
más: Derecho Marítimo e Historia de los Tratados. En relación al
debate sobre la paternidad del plan, esta evidencia ha llevado a
pensar que el verdadero modelo de Buenos Aires fue el proyecto
ministerial francés. Pero quien lo redactó fue el Dr.
José María Moreno, cuya ideología era coincidente con la de
Alberdi. Ambos coincidían, además, en resaltar la importancia del
estudio del Derecho Comparado. La
reforma que implicaba el estudio de las ciencias sociales se había
también inspirado en las ideas francesas que a través del ministro
Cousin reaccionaban contra una enseñanza demasiado exegética
dotándola de elementos filosóficos, enciclopédicos e históricos.
Este plan regirá hasta el año 1884.
El primer
reglamento de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA
introduce un plan de estudios que comprende un curso preparatorio de
un año en el cual figura la historia al lado de la filosofía y la
literatura, y un curso de abogacía de cinco años, terminados los
cuales y mediante la presentación de una tesis se obtendría el
grado de Doctor. Sin la tesis se obtiene el grado de licenciado que
habilitaba para el ejercicio de la profesión. Pero el plan así no
se aplicó: nunca se expidieron diplomas de licenciado y los títulos
de abogado y de doctor se otorgaron al mismo tiempo. Tampoco las
cátedras de medicina legal o legislación comparada llegaron a
dictarse.
Desde 1875 sí se
enseñó una introducción general al estudio del derecho, siendo su
primer profesor el doctor Juan José Montes de Oca.
La
idea
pedagógica de Alberdi era que sólo los hombres familiarizados con
el Derecho podían organizar el país. De allí no debían salir solo
abogados sino pensadores y parlamentarios, ministros y directores de
empresas, jefes de reparticiones públicas y diplomáticos: la
Facultad de Derecho era la encargada de formar a los líderes de la
República.
En
1875 a través de su tesis para optar al título de
Doctor en Jurisprudencia, Cristián Demaría analizará el tema de
“La condición civil de la mujer”, comenzando su lucha a favor de
la dignidad femenina. También ese año se
funda la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas en Tucumán.
José
María Moreno sería decano en Buenos Aires en 1877 y este mismo año
Juan
Bialet Massé se traslada a Córdoba para hacerse cargo de la Cátedra
de Medicina Legal de la Facultad de Medicina. Pero el médico catalán
sentía que para ello precisaba saber derecho, por lo que se
inscribió como estudiante y se graduó en veinte meses. Más tarde
alcanzó el grado de doctor en Derecho Civil. Recién entonces,
elaboró un programa de la materia medicina legal, siendo designado
el primer profesor de la misma. Bialet Massé fue también el primer
profesor de derecho del trabajo en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la UNC (es a partir de 1879 que la Facultad de Derecho
adquirirá esta nueva denominación).
Abogados
fueron la mayor parte de los ministros y la abogacía era la
profesión de la mayoría de los políticos con formación
universitaria entre 1880 y 1920. Del roquismo participaron
autoridades, docentes y estudiantes tanto de Buenos Aires como de
Córdoba, teniendo en esta última provincia una relevancia en su
punto más alto los sectores eclesiásticos entre 1880 y 1900.La
generación del 80, racionalista en su concepción teórica produce
reformas en oposición a las tendencias próximas a la Iglesia
Católica. En lo jurídico, ambas tendencias antagónicas pero
partícipes de un mismo concepto en cuanto al derecho, su esencia y
su enseñanza, tienen en el historicismo una tercera posición, que
se desarrollará en la obra de Juan Agustín García y otros autores
del siglo XX (como Ricardo Levene).
El germen de la
Unión Cívica serían los enfrentamientos políticos en la Facultad
de Derecho a mediados del ochenta. De
sus aulas emergieron diplomáticos y Ministros de Relaciones
Exteriores que actuaron, a su vez, como pensadores
internacionalistas, impulsando el debate tanto al interior de los
gobiernos a los que pertenecieron como en los ámbitos académicos.
De 1880 en adelante
Argentina es alcanzada por una ola de positivismo que se derramó
finalmente al derecho, determinando el lugar que los hechos y el
trabajo empírico deberían tener en la universidad y enfatizando por
ende la necesidad de una mayor especialización y delimitación de
los varios campos de conocimiento.
En 1881 se funda la
Escuela de Derecho de Entre Ríos con tres materias iniciales:
Derecho Civil, Canónico y De Gentes, con un único profesor, con la
idea de realizar el estudio del derecho con arreglo a los programas
de las Universidades Nacionales. Estos estudios duraron unos pocos
años.
En 1882 cierra sus
puertas la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas de
Tucumán fundada en 1875 cierra sus puertas, cuando el gobierno
nacional desautoriza la continuación de los cursos de Derecho en el
Colegio Nacional de dicha provincia, determinando que para obtener
los títulos los alumnos debían rendir los exámenes de graduación
en Córdoba.
La
Universidad de Córdoba comenzó a otorgar el título de abogado en
1883
manteniendo la obligatoriedad de la pasantía en estudios jurídicos
durante los últimos años de la carrera.
En cuanto a las
organizaciones estudiantiles, el Centro 13 de Diciembre y el Club
Universitario (1875) son antecesores del Centro de Estudiantes de
Derecho en la UBA. A pesar de la existencia del Centro Jurídico y de
Ciencias Sociales (1882-1919), éste no colmaba las expectativas y su
carácter distaba de ser exclusivamente estudiantil, predominando
graduados y profesores.
Cuando
Alcorta assumió la cátedra de Derecho Internacional Privado, le
faltaba un libro para los alumnos y entonces, con la legislación
argentina relevante al respecto, hizo una obra con sus lecciones. Fue
el primer catedrático en sentido escrito de la materia en la UBA y
Zeballos se refirió a él como fundador de la enseñanza científica
de la materia en las repúblicas del Río de la Plata.
El
positivismo también estuvo enmarcado en otro conflicto que dividió
las aguas de la facultad: la inclusión de las ciencias sociales en
la currícula universitaria: el tipo de intelectual que se quería
formar estaba más cercano al estadista que al abogado. Se creía que
solo aquellos formados en sociología y economía podrían llevar
adelante los cambios que eran necesarios, una vez observada
“objetivamemte” la realidad social.
En
1884 la tesis de Ramón J. Cárcano
que sostenía la igualdad de derechos civiles entre hijos naturales,
adulterinos, incestuosos y sacrílegos es inicialmente rechazada por
oponerse a las doctrinas de la iglesia, pero el consejo académico
con el respaldo del padrino de la misma, Miguel Juárez Celman,
recientemente designado gobernador, finalmente la aprueba. La tesis
cuestionaba una tradición en la que las normas jurídicas habían
estado impregnadas de principios teológicos.Estos movimientos
terminarán incluso con la expulsión de Juan Manuel Estrada como
profesor de Derecho Constitucional y Administrativo de la UBA.
En
1885 aparece el libro de Bialet Massé Lecciones
de Medicina Legal Aplicada a la Legislación de la República
Argentina.
1885-1918: El
cambio de siglo
En
estos años asistimos al apogeo y crisis de la Academia de Derecho,
la aparición del Centro Jurídico y de Ciencias Sociales, los
sucesos del 89 y 90, el movimiento estudiantil de los años 1903 y
1904, la fundación del Centro de Estudiantes de Derecho en 1905 y,
finalmente, la Reforma Universitaria. Los cambios en los planes de
estudio de las ciencias del derecho continúan mostrando una
orientación hacia las ciencias sociales, en especial la sociología
y la economía, que contrastaban con la cultura del código como
objeto exclusivo de estudio necesario. Aún así, los planes de
estudios en las universidades de Buenos Aires y Córdoba estaban
organizados de forma tal que no es seguro que las asignaturas que no
contribuían directamente a la formación de profesionales tuvieran
demasiado peso en los mismos. El positivismo de gran influencia en la
época, se había difundido en el Derecho Penal y los libros de
Lombroso dejaban una fuerte impronta en los jóvenes educandos. Su
impacto podía verse en la multiplicación de los cursos de ciencias
sociales, pero también en la falta de voluntad para abandonar el
acercamiento exegético al derecho codificado.
En
1887 comenzó la Cátedra de Derecho Internacional Público a cargo
de Antonio Bermejo, quien luego sería designado en 1903 Ministro de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ejerciera la presidencia
de la misma a partir de 1905. En el programa se incluyen por primera
vez temas como “Los Estados americanos en la comunidad
internacional” y “Esfuerzos de América para conseguir la
organización de la comunidad internacional sudamericana”.
Durante el período comprendido entre 1889 y 1920, veintidós de los
veinticuatro diplomáticos que ocuparon el cargo de Ministro de
Relaciones Exteriores fueron egresados de la Facultad de Derecho de
la UBA. Una de las figuras más destacadas de este período fue el ya
mencionado Estanislao Zeballos quien ocupó en tres oportunidades el
cargo de Ministro de Relaciones Exteriores y fue dos veces decano de
derecho en la UBA, presidente en dos períodos de la Cámara de
Diputados de la Nación y diputado provincial por Buenos Aires (el
porcentaje de diputados con título universitario es del 50%
aproximadamente, en el período, la mayoría abogados). Asimismo, fue
dos veces Ministro Plenipotenciario en Brasil y en EEUU. En ese
entonces, su vida se repartía entre su cátedra de Derecho
Internacional Privado, su estudio de abogado y la redacción del
diario La Prensa,
desde donde dirigía su revista.
Entre 1889 y 1891
se manifiesta la necesidad de reformar la práctica forense, por
cuanto una hora de clase de procdimientos día por medio dada a los
alumnos de cuarto y quinto año, solo permitía enseñar la teoría.
A la vez, el ámbito universitario empezaba a demandar cambios en la
enseñanza y una mayor autonomía.
Desde
1889 existe en Santa Fe una Universidad provincial basada en una
escuela de Derecho y en Buenos Aires se gesta en ese mismo año la
Unión Cívica de la Juventud, encontrando entre sus
fundadores a los estudiantes de derecho Marcelo T. de Alvear,
Francisco Barroetaveña , Lisandro de la Torre y otros integrantes
del Centro Jurídico y de Ciencias Sociales. Este movimiento
estudiantil será el origen de la Unión Cívica del año 1890, en
cuya Junta Revolucionaria tuvo
fuerte presencia la gente de la Facultad de Derecho de la UBA.
En 1895 se incluyen
por primera vez contenidos históricos en la carrera de abogacía de
la Universidad Nacional de Córdoba con una nueva materia en el plan
de estudios: “Revista de la Historia”, siendo su primer profesor
el doctor Vivanco, miembro del círculo cercano a Roca, Uriburu y
Quintana, y que sería profesor también en las cátedras de Derecho
Civil y Economía Política en la misma Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de dicha universidad.
Una nueva
universidad nacía en esos años: la flamante Universidad de La Plata
se organizó en 1897 (nacionalizándose en 1905 siendo Joaquín V.
González ya Ministro de Justicia e Instrucción Pública) con cuatro
facultades, una de ellas para la enseñanza del Derecho. Joaquín V.
González en ese tiempo se desempeñaba como Profesor Titular de
Derecho Internacional Público en la Universidad de Buenos Aires. Se
suponía que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales no
formaría solamente abogados sino que comprendería estudios
científicos en lo social, moral y político. El primer plan de
estudios otorgaba importancia al derecho constitucional y a la
historia de las instituciones representativas. Allí se desarrolló
una orientación que, particularmente en historia constitucional y a
diferencia de lo que ocurría en la Universidad de Buenos Aires,
reivindicaba el aporte de las provincias a la construcción del orden
institucional en la Argentina moderna. Propuso Joaquín V. González,
además, que en la Facultad funcionaran una Escuela de Pedagogía y
una futura Facultad de Humanidades, que con el tiempo se
independizaron y proyectaron, así como un amplio plan de extensión
universitaria.
Las
relaciones entre los profesores entra las Universidades de La Plata y
Buenos Aires fueron cada vez más estrechas e intensas, Joaquín V.
González no era el único que enseñaba en ambas: en esos años
enseñaría, por ejemplo, en ambas universidades Juan Agustín García
quien, tanto en su cátedra de Introducción General al estudio del
Derecho como en su cátedra de Sociología, introducía el estudio de
las ciencias sociales argentinas a la vez que rehabilitaba el derecho
español al estudiar los antecedentes jurídicos argentinos. Juan
Agustín García
veía en el estudiante de derecho a alguien movido por la curiosidad
intelectual y destinado a cualquier responsabilidad pública más
allá de la profesión. Enrolado
en la misma tendencia positivista sociológica, Joaquín V. González
había criticado el método de enseñanza del derecho imperante,
basado en el comentario literal o exegético de los textos y
despojado de contextos históricos o sociológicos.
Al
mismo tiempo nos encontramos por entonces con un estudiantado de
sectores medios emergentes que hacía crecer la matrícula y que
estudiaba la carrera como plataforma de promoción social y
profesional, y facultades que buscan formar también hombres de
ciencia: la orientación de la Unversidad Nacional de La Plata
terminaría influyendo también en la Universidad de Buenos Aires en
este sentido.
Por
otra parte, y como veníamos viendo, la relación entre la
universidad y la vida política era particularmente estrecha en las
Facultades de Derecho. Aquellos directivos que no ocupaban cargos en
el Poder Ejecutivo Nacional o en el Congreso se desempeñaban como
jueces, fiscales o miembros de cámaras de apelaciones. Tanto los
miembros de los consejos académicos como los del profesorado se
nutrían de los grupos más relevantes de la política o, incluso, el
mundo de los negocios. El mismo sistema de recultamiento del
profesorado podía impedir una carrera académica si alguno de los
candidatos no tenía la aprobación política. Es probable que el
sistema de acceso a los cargos de la dirigencia universitaria y al
profesorado fuese muy cerrado en la Universidad de Córdoba y quizás
también en ámbitos como el de la Facultad de Derecho de la UBA.
Además, los
compromisos políticos e institucionales de los docentes interferían
permanentemente con sus obligaciones académicas.
La
disconformidad con la Universidad era extendida a principios del
siglo XX. Los estudiantes cuestionan el conservadurismo de las
cátedras y exigen la participación en el gobierno de las casas de
estudio, la docencia libre, la democratización de la elección de
profesores y la extensión universitaria que la vincule con la
sociedad, entre otros cambios. El sistema educativo tenía una
orientación utilitaria que se expresaba en el profesionalismo y el
limitado desarrollo de la investigación científica. Se privilegiaba
la formación en aquellas áreas vinculadas con el derecho civil y
comercial con poca atención en el derecho constitucional, político,
administrativo, o a las materias relativas al funcionamiento del
estado. Como vimos, se intentaron reformas en este sentido e incluso
se crearon nuevas instituciones, como fue el caso mencionado de La
Plata. La
llamada “generación de 1910” renovará programas, textos y
estudios bajo el lema siguiente: “Hacer de las escuelas de leyes
centros de cultura jurídica y no meras aulas para la preparación
profesional”.
Pero también la misma formación del abogado parecía insuficiente
para la vida forense.
En
esos años a
Alfredo Palacios se le rechaza una tesis sobre “La miseria en la
República Argentina”, probablemente por razones ideológicas.
Entonces preparó rápidamente otra tesis sobre “Disposiciones
generales de nuestro Código sobre quiebras”: la tesis doctoral no
era un trabajo de largos años de investigación, el plazo para
elaborarla descartaba la paciencia necesaria para otro tipo de logros
académicos.
José
Manuel Estrada señalará por entonces que la universidad confundía
en una sola enseñanza la ciencia del derecho y la preparación
especial de los abogados. Esta confusión disimulaba la necesidad de
un profesorado del que creía se carecía porque para serlo en la
Universidad de Buenos Aires era necesario ser abogado, y no creía
que se podía ser abogado y profesor a la vez.
En 1901 Rodolfo
Rivarola publica un libro con la propuesta de explicar el derecho
civil sin seguir el orden del Código que, sostenía, “no ha sido
escrito para servir de texto didáctico”. No siendo el derecho
civil el código, no se podía reducir su estudio “al comentario
del texto”.
La discusión no era
solo sobre el orden de las clases: era también sobre qué estudiar y
qué tipo de derecho civil debería tener la Argentina. Los
reformadores estarían contra el estudio del Código Civil y a favor
de estudiar el derecho civil (propuesta que se convertiría en una
especie de eslogan en esos tiempos).
En
un clima de disconformidad que crecería, aparecerían protestas
estudiantiles entre 1903 y 1906 reclamando contra el sistema de
exámenes, por la modificación de los planes de estudio y rechazando
la designación de los profesores titulares según los arbitrarios
criterios de la Academia, entre otras cosas. Un
movimiento estudiantil importante dentro de la Facultad de Derecho de
la UBA puso punto final al gobierno de las Academias instaurando el
gobierno profesoral e inspirando la fundación del Centro de
Estudiantes de Derecho en 1905, que había tenido como antecedentes
el Centro “13 de diciembre”, el Club Universitario y el
Centro Jurídico y de Ciencias Sociales, que existía desde 1882 como
asociación voluntaria de estudiantes y profesores y tuvo
participación en los sucesos estudiantiles mencionados. El
movimiento estudiantil había combinado las críticas al gobierno de
las academias con cuestionamientos al nivel científico de la
facultad, entre otros reclamos. Se había hecho una encuesta incluso
sobre el perfil del graduado y sobre el por qué enseñar derecho. La
mayor parte de los profesores opinaba que formar científicos era más
importante que formar abogados, suponiendo que un científico sería
mejor abogado y no lo contrario, sumando el deseo de que tales
abogados-científicos se conviertieran en hombres de Estado.
Por
entonces el constitucionalista José Nicolás Matienzo, que
decía que la Facultad era una simple escuela de abogados, presentó
un proyecto tendiente a corregir los excesos de la exégesis en la
enseñanza. Consideraba bueno que los alumnos
“sepan cuanto
mandan los códigos civil, comercial, penal, de minería y de
procedimientos, lo que les habilitará quizás para ser abogados y
jueces, pero es mejor que sepan también juzgar el mérito de esos
preceptos legislativos, comparándolos con los de otros países y
apreciándolos en relación con las peculiares condiciones de
nuestra sociedad, lo que los capacitará para ser legisladores y
jurisconsultos, es decir, para cooperar al progreso jurídico de la
nación, promoviendo con acierto las oportunas reformas de lo
existente”.
En relación al
progreso jurídico de la nación, el Dr. Bialet Massé cumplirá un
rol importante en la redacción del proyecto de ley nacional de
trabajo de 1904. Su colaboración fue fundamental para la
construcción del proyecto del primer código del trabajo presentado
al Congreso Nacional. Bialet Massé recorrió el país estudiando la
situación de las clases trabajadoras y sus observaciones se volcaron
en su Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior
de la República que fue esencial para tal proyecto, defendiendo
los derechos del trabajador y desafiando el derecho civil clásico en
ese sentido. Juan Bialet Massé
propició con sus ideas una importante legislación laboral nacional:
la ley de descanso dominical de 1905; la ley de 1907 sobre el
trabajo de mujeres y menores; la ley de indemnización por accidentes
de trabajo de 1915; la ley referida a la limitación de la jornada de
trabajo de 1929 y la ley sobre sábado inglés de 1932, y otras
tantas leyes provinciales en ese sentido, sentando las bases de la
regulación del trabajo y la previsión social. En
1906 Bialet es nombrado profesor de la Cátedra de Legislación
Industrial Agrícola, siendo el primer profesor designado para la
enseñanza de esta materia en América. Entre los materiales
necesarios para su dictado había incluido un gabinete de
experimentos físicos-químicos, algo que las autoridades de la
Facultad no apreciaron por lo que el programa que presentó para la
misma no fue aprobado.
En
el marco de debates intensos que tuvieron lugar ese año, Emilio
Becher denunciará en La Nación la existencia de una oligarquía
universitaria integrada en buena medida por abogados. Para Becher era
inadmisible que el título de abogado sirviera “para desempeñar el
gobierno, para regir la cancillería, para opinar en el Parlamento,
para escribir volúmenes”, subrayando el peligro de tener un número
excesivo de abogados en una sociedad de escasa cultura, contaminando
“las letras, la ciencia y la política”: el ejercicio de la
abogacía seguía conformando una vía privilegiada para el ascenso
social.
También se
sostenía que las cátedras debían convertirse en el ámbito para el
estudio y el debate de las futuras reformas en la legislación y en
el funcionamiento del sistema político por lo que sería necesario
reforzar el estudio del derecho constitucional y administrativo,
haciendo hincapié en la profundización de la enseñanza de los
principios institucionales y conceptos jurídicos más que en la
solución de problemas prácticos. Pero si un espíritu liberal
animaba a las autoridades de la UBA, distinta era la situación en la
Universidad de Córdoba donde la resistencia a los cambios y las
tensiones existentes darán origen a la reforma del 18. Eso a pesar
de que el plan
de estudios de 1907 había incorporado en Córdoba nuevas cátedras
creadas por el Congreso Nacional: Historia del Derecho Argentino,
Sociología, Legislación Industrial y Agrícola (derecho laboral),
Derecho Público Provincial y Muncipal e Historia de las
Instituciones Representativas, Estadística y Geografía Económica,
apreciándose la preocupación por la enseñanza de la historia en el
nuevo plan. El Dr. Isidoro Ruiz Moreno será el iniciador de la
enseñanza de Sociología en esta Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales ese año, materia que a lo largo del tiempo enseñarían
allí profesores como Raúl Orgaz, Alfredo Poviña, Juan Carlos
Agulla y Francisco Delich, entre otros. Arturo
M. Bas, que luego sería diputado nacional, asumiría por entonces
como el primer profesor de Derecho Público Provincial y Municipal de
esa facultad. Entre su producción se encontrarán la redacción de
la Ley Nacional de accidentes de trabajo, la ley de La Caja Nacional
de Ahorro Postal y la ley de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias.
Y Tomás Miguel
Argañaraz, que también sería diputado, será el primer profesor
que enseñaría Historia del Derecho Argentino en la Facultad de
Derecho en Córdoba.
En la Universidad
de La Plata, por su parte, la enseñanza se divide en dos ciclos: uno
de cuatro años destinado a los estudios profesionales, acabado el
cual se obtiene el título de abogado, y otro de dos años destinado
a estudiar con mayor intensidad ciencias jurídicas y sociales,
acabado el cual se obtiene el título de doctor en las mismas.
Rivarola, entonces Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de La Plata, decía en 1907:
“…Ningún
alumno inscripto en el curso profesional de abogado, puede ser
considerado por la dirección de esta Facultad ni por sus Profesores,
como un mero aspirante a carrera de utilidad personal. Todo alumno
es, desde el primer día de su presencia en la clase, un aspirante a
los más altos dominios de las ciencias jurídicas y sociales, y a la
suprema dirección de los intereses nacionales”.
Ese
año volvieron los reclamos estudiantiles en la Facultad de Derecho
de la UBA, originados ante la considerada mediocridad de los
profesores. No es que no hubiera pretigiosos catedráticos titulares
pero, por sus responsabilidades fuera de la Universidad, los mismos
dejaban ya desde entonces la enseñanza en manos de suplentes no tan
preparados y escogidos por influencia política o cercanías
personales, problema que continuaría desde entonces y hasta la
actualidad. La Facultad de Derecho en buena medida no
era para algunos, como tal vez no lo sea hoy, un lugar de enseñanza
y aprendizaje sino tan solo una institución que emitía títulos de
abogado. Muchos estudiantes se limitaban a concurrir anualmente a los
exámenes y solo muy pocos asistían a clases. E, insistimos,
docentes prestigiosos engalanaban la Facultad en ese año: Carlos
Octavio Bunge, Antonio Dellepiane, Carlos Ibarguren y Estanislao S.
Zeballos, entre otros. Pero la tensión con los estudiantes no
disminuía. Se tardó dos años en reconocer al Centro de Estudiantes
de la Facultad de Derecho en la UBA, que al año siguiente contaría
con 1050 alumnos. En
el plan vigente en 1908 aparece en primer año la enseñanza de al
Sociología (a cargo del mencionado García) y se instauró un examen
de ingreso que versaba sobre historia, actualidad del país e idiomas
que finalmente sería suprimido.
Al año siguiente,
en 1909, se aprobó un nuevo plan que incluía en el sexto año
“Práctica y crítica forense” para el trabajo con casos
concretos, ya que se desconcía la ejercitación práctica y los
seminarios que se habían implementado se habían mostrado
insuficientes para crear una cultura práctica del derecho para los
jóvenes que quieren fundamentalmente un título profesional. La
presión social es fundamental para entender esta orientación de la
universidad. Pocas obras retrataron tan bien este proyecto en la
mente de las familias de los inmigrantes como la obra teatral “M'hijo
el dotor”, de Florencio Sánchez. Por entonces surgirá la primera
“universidad privada”, la Universidad Católica de Buenos Aires,
que comenzó a funcionar este año justamente con la carrera de
Derecho en la que se dictaban las mismas materias que en la UBA,
además de Apologética, Filosofía y Derecho Público Eclesiástico.
Pero esta universidad no pudo lograr el reconcimiento legal de sus
grados académicos y cerró en 1922.
En
1909 volvió a elaborarse un nuevo plan de estudios en Córdoba que
incluía la enseñanza de Historia del Derecho en el último año
pero dividida ahora en Evolución del Derecho Privado y Evolución
del Derecho Público. En este séptimo año se enseñaban también
Filosofía y Sociología del Derecho, Estadística e Instituciones
Económicas, Psicología Experimental y Latín. Ahora se otorgaría
el título de “Licenciado en Derecho y Abogado” a quienes
aprobaran las materias de los primeros seis años y superaran un
examen general final. La aprobación de las materias del último año
y de la tesis hacían posible el diploma de doctor indispensable para
ser considerado académico.
El políglota
Enrique Martínez Paz, quien tuvo la biblioteca privada más grande
de Córdoba, se hace cargo este año de la cátedra de Sociología.
Si bien sus estudios se centraron en la filosofía del derecho, el
derecho civil comparado y las investigaciones históricas, era
reputado como poseedor de una vasta cultura.
En
la UBA, dsde la época de J.M. Moreno no se habian reformado sino muy
superficialmente los programas de derecho civil. Por ende, en 1910 la
comisión de enseñanza convocó a una innovación en la misma para
que ésta no se vea limitada en cada curso a un libro del código.
En la primera mitad
del siglo comenzarán a aparecer unas pocas tesis de mujeres, entre
una y tres por década. Después de la solitaria tesis de Lobo, la
tesis de Celia Tapias de 1911 es la única en su década. Entre 1911
y 1950 el porcentaje de tesis de mujeres sobre el total de tesis se
ubica entre el 1 y el 2%.
A partir de 1911 el
futuro presidente Ramón S. Castillo comienza una década de titular
de Derecho Comercial en La Plata y tres décadas de titular en
Derecho Comercial en la UBA. Por entonces coexisten profesores
católicos y liberales en el seno de la Facultad de Derecho de la
UBA. En La Plata había catedráticos que tenían una inclinación
claramente tomista y otros impregnados del mismo espíritu liberal y
positivista que primaba en Buenos Aires.
Entre
los años 1913 y 1916, el tango “Derecho viejo” de Eduardo
Arolas, dedicado al Centro de Estudiantes de Derecho de la UBA, se
presentaba en los célebres bailes universitarios del Salón
Rodríguez Peña. Durante la primera presidencia de Yrigoyen
(1916-1922), ocho de los trece ministros serán egresados de dicha
facultad. En 1916 el porcentaje de diputados con título
universitario era del 72%, y en senadores del 80%, la mayoría
abogados. La intervención de los
juristas en las funciones directivas del país era demasiado notoria
para que la facultad no lo tuviera en cuenta al organizar su
enseñanza. Las cuestiones políticas formaban parte fundamental de
los discursos de las colaciones de grado, última lección recibida.
Y había quienes anteponían la función de formación de la clase
dirigente a la profesional al afirmar que el título de abogado
imponía cargas que solo se llenaban al ser dirigentes.
Finalmente
cabe destacar que en 1917 Henoch Domingo Aguiar asume como profesor
de Derecho Civil en Córdoba, materia que enseñará hasta 1930.
Había ya sido Ministro de Hacienda y Obras Públicas en su San Juan
natal e incluso intendente de Córdoba, y luego será diputado
nacional.
1918-1930 La
Reforma
Ser
profesor de derecho era una aspiración común para vastos sectores
de la comunidad profesional e intelectual en la Argentina. Se había
incrementado significativamente (especialmente en la UBA pero también
en La Plata) el número de profesores suplentes, lo que generaba
resistencias en los académicos de prestigio. En los tiempos de la
lucha por establecer los principios de la reforma universitaria de
1918, los focos más conservadores se nucleaban en las Facultades de
Derecho. La Universidad de Córdoba, corazón de la reforma, era por
entonces una institución considerada sectaria y de un catolicismo
ortodoxo, atrasada y con deficiencias en la enseñanza. Como ejemplo
ha sido mencionado que en la materia Filosofía del Derecho existía
un punto dedicado a la enseñanza de los “deberes para con los
siervos” y en la universidad aún estaba
vigente el gobierno en manos de las Academias.
A
partir de la reforma, se tendió a abrir la universidad a las nuevas
clases sociales, lo que encajaba con las tendencias liberales que se
oponían al conservadorismo de las cátedras y al autoritarismo
profesoral, entre otras cosas. La reforma intentó inovar
pedagógicamente y alentó la posibilidad de un mejor conocimiento de
la realidad en el estudio del Derecho. A partir de 1918 la
materia Legislación Industrial y Agrícola modifica su nombre en
Córdoba pasando a llamarse Legislación Industrial y Obrera. En la
Universidad de Buenos Aires, antes
de la reforma la
forma pedagógica dominante era la clase magistral y la asistencia a
clase era general en primer año pero disminuía en el segundo,
descendiendo progresivamente cada año para llegar al último con
sólo un 20% de los inscriptos.
Con
la reforma se tendió a abrir más la universidad a las nuevas clases
sociales incorporadas al país, lo que también entroncaba con las
tendencias liberales del momento. En Buenos Aires se tomaron medidas
para evitar que se perturbara la marcha regular de la Facultad. Había
disidencias internas de los alumnos de Derecho a la hora de
implementar el reformismo como en Córdoba, la Facultad de Derecho de
la UBA era un ambiente bastante adverso al mismo. Estanislao
Zeballos, líder estudiantil del movimiento de 1871 y actor como
profesor de los eventos de 1904, había sido designado decano
interventor de la Facultad de Derecho entre 1918 y 1919 y sostuvo en
un discurso inaugrando el año lectivo que la facultad “no debe ya
existir rezagada como fuente de satisfacciones utilitarias” para
los que ambicionaban títulos profesionales, sino que debía servir a
“los que quieran fortificar y regenerar su mentalidad” como
responsables de las necesidades y aspiraciones comunes. Y había
afirmado al asumir la necesidad de reflexionar sobre la conveniencia
de aumentar “sin límites el número de profesores suplentes en
cada disciplina” cuando el titular le imprimía un rumbo y los
suplentes otro.
Fue difícil, como
decíamos, instaurar los postulados de la reforma en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde había una lucha
entre profesores reformistas y antireformistas y dónde, por otra
parte, algunos de los reclamos de Córdoba ya habían sido encarados
en el pasado. Mientras tanto Leopoldo Melo, representante del
claustro profesoral, reclamaba un mayor rigor a los efectos de
limitar el número de abogados que se graduaban dado que, al no
conseguir empleo, una vez obtenido el título “se asilaban en los
cargos públicos” gravando de manera “innecesaria” el
presupuesto del Estado.
Con
el impulso de la Reforma nacerán también, con la base de los
estudios de derecho que existían en la Universidad de Santa Fe desde
1889, la Universidad Nacional del Litoral y su Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales.Con el impulso de la Reforma nacerán también,
con la base de los estudios de derecho que existían en la
Universidad de Santa Fe desde 1889, la Universidad Nacional del
Litoral y su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
En la Universidad
de La Plata, José Bianco, profesor de la casa de estudios, sostenía
que la oligarquía y el régimen familiar le quitaban sustento moral
a las autoridades de la universidad. Con esa referencia aludía a
Rivarola, su presidente entre 1918 y 1920, que se opondría a
incorporar cambios en la organización de la misma: “La oligarquía
y el régimen familiar tenían en él un exponente tan representativo
como el doctor González. Basta decir que en la Facultad de Derecho
existen cuatro profesores Rivarola: él, dos hijos y un hermano”,
afirmaba.
La vinculación de
la experiencia de los reformismos platense y porteño se verá más
claramente durante el decanato en esta última de Mario Sáenz entre
1921 a 1923, y por la presencia de Alfredo L. Palacios como docente
de esa casa de estudios en esa época. El reformista Sáenz había
sido elegido triunfando sobre Castillo gracias al apoyo estudiantil y
su decanato, de breve duración, fue ejemplo de actividad renovadora.
Indica Sanguinetti: “Surgieron las becas, los seminarios, los
cursos nocturnos, la biblioteca circulante, la Revista de la
Facultad, el consultorio jurídico gratuito”. En realidad la
primera experiencia de patrocinio jurídico en la UBA se remonta a
1919, como actividad extracurricular, organizada por un grupo del
“Centro de Estudiantes”, pero es cierto que ésta se oficializará
y hará obligatoria para todos los estudiantes en 1922, proyecto que
Sáenz presentó junto a Héctor Lafaille, profesor de derecho civil
que buscaba trabajar sobre las habilidades prácticas de los
graduados mientras se afirmaba, por otra parte, la necesidad de que
la universidad salga a la calle y se ponga en contacto con la
sociedad y su gente.
Agustían
Pestalardo, en su discurso pronunciado el año anterior estimaba
también necesario mantener al derecho en constante comunicación con
los fenómenos sociales, lo que repercutiría en la enseñanza
impartida en ese momento buscando abandonar el plan del Código en la
enseñanza del derecho civil. La exigencia del estudio del “caso
concreto” aparecía como fundamento de todas las iniciativas
relacionadas con la enseñanza práctica del derecho. La crítica al
derecho comprimido en los códigos y en el método exegético, sumada
a la dificultad para dictar íntegramente los programas, la aparición
de los cursos intensivos y los seminarios y la eterna discusión
sobre enseñanza profesionalista o formativa, fueron todos temas de
debate durante las primeras décadas en relación a la forma en que
se impartía la enseñanza del derecho. Eso
llevó también a
la creación del Instituto de Enseñanza Práctica en 1922, vinculado
luego al patrocinio jurídico de la UBA, en lo que participó también
activamente el ya mencionado Héctor Lafaille, quien pensaba que todo
profesor debía hacer “clínica” para llevar a sus alumnos
material vivo y actual y sabía de la necesidad de subsanar la falta
de competencia práctica de los egresados y de la necesidad de que
aprendieran que los “casos” no tienen dentro de los códigos una
solución siempre claramente preestablecida. Las clases de derecho
civil de Lafaille, jurista con especial apego a la problemática de
la enseñanza de la disciplina, iban más allá del limitado
comentario al texto de la ley.
Vemos
como ya desde 1921 el nuevo régimen
universitario reformista que incluía la
participación
estudiantil funcionaba regularmente en la Universiddad de Buenos
Aires. De ese año sería también la
tesis
doctoral de Ana H. Rose-Tietjen titulada “Incapacidad de la mujer
casada”. Pero a lo largo de la década del 20 se producirán
también controversias significativas en las Facultades de Derecho de
Córdoba y Buenos Aires por oposición al orden reformista. En Buenos
Aires la oposición conservadora se hallaba en un importante núcleo
del profesorado que asumió a mediados de la década el control del
Consejo Directivo. En estos mismos años los tratados se volverán el
nuevo elemento en la enseñanza del derecho y los estudiantes
necesitarán estudiar el Código y los tratados para pasar un examen.
Más adelante estos últimos darían lugar a una versión abreviada
de sus textos, una herramienta más fácil para la enseñanza: el
manual. Es pertinente aquí destacar lo que será la enorme
falta de interés en la Constitución y los derechos constitucionales
en los principales tratados y manuales de la Facultad de Derecho de
Argentina en el siglo XX.
Una
primera contrarreforma universitaria empezó en 1922 cuando Alvear,
apoyado en los sectores conservadores, sucedió a Yrigoyen en la
presidencia. Sáenz deberá entregar el decanato a la reacción que
reformará los estatutos retaceando la participación estudiantil.
Desde entonces, se plantea una lucha doctrinal con un decano que
representaba esa reacción y que luego, como sabemos, será
presidente de la nación: el doctor Ramón Castillo, quien ejercería
el decanato entre 1923 y 1927 representando a un cuerpo docente
anterior a la primera elección de Yrigoyen, y entre los que se
hallaban magistrados, legisladores y políticos con actuación en los
gobiernos conservadores anteriores. Castillo, respaldado por estos
docentes, venció a Palacios, apoyado por los estudiantes, por cinco
votos. Estableció entre sus medidas severos exámenes de ingreso e
intentó detener el incremento de la presencia de las ciencias
sociales en el estudio del derecho. Será
hacia el final de su decanato que Homero Manzi conocerá a Arturo
Jauretche en medio de las luchas libradas por los estudiantes,
cursando ambos la carrera de abogacía. El poeta dedicará en 1928
sus versos a esta institución, entre los que se leían, entre otras,
estas líneas:
“Corazón que
practica / la leyenda hipocrática de dormir a la izquierda / hecho
con las estrías de cien muchachos locos / que sueñan con la paz /
y que hacen la simbiosis / -pampeanamente rara- de Yrigoyen y
Marx”.
En 1929 asumirá
Juan P. Ramos como decano de la institución sucediendo a Ramón
Castillo y cuestionará la participación estudiantil en el gobierno
universitario. Las nuevas autoridades mantuvieron un vínculo muy
conflictivo con los alumnos, mayoritariamente reformistas, que
llegarán a tomar la Facultad denunciando el “desenvolvimiento
vicioso de la vida dentro de aquella casa de estudios” y acusando
al “grupo oligárquico y reaccionario que gobernaba a la Facultad
desde 1923”, y quejándose de la ausencia de concursos docentes.
Como ejemplo, sostenían que desde 1924 no se concursaba en la
cátedra de Historia de las Instituciones Jurídicas para impedir el
nombramiento de Palacios después que la representación estudiantil
“se opuso a la candidatura del Dr. Ruiz Guiñazú, quien durante 7
años no dictó su cátedra, cobró sueldo regularmente y acumuló
antigüedad hasta que le encontraron ubicación definitiva”. Se
criticaba a Ramos y también al ex decano Zavalía que le había dado
personería jurídica al Círculo de Estudiantes, grupo constituido
por hijos o parientes de profesores. También denunciaban a
profesores que, afirmaban, habrían influenciado para la condena de
siete estudiantes inocentes en 1927 por una manifestación. Todo esto
hará que el rector Ricardo Rojas, encomendado por el Consejo
Superior, intervenga la Facultad y se desencadenen varias renuncias
profesorales.
De 1929 es también
la primera mujer
graduada como abogada en la Universidad Nacional de Córdoba, Elisa
Ferreira Videla, año en el que también se inaugura en la misma
universidad el Instituto del Derecho del Trabajo que funcionará como
anexo de la misma cátedra.
En
1929, en El hombre
importante,
Alberto Gerchunoff dedicaba un párrafo a la vida universitaria de
entonces, explicada a un supuesto periodista francés que deseaba
conocer a un abogado, líder político y prominente hombre público
ficcionalizado como Vespasiano Pardeche:
El
desconcertante Pericard prosiguió con irrespetuosa insistencia:
-Me dijeron que
es profesor de la Universidad. Imagino, por lo tanto, que se le llamó
a la cátedra porque había acreditado en estudios profundos su
saber jurídico, su personal interpretación de problemas que
comprende la asignatura que dicta. Desearía leer los estudios.
Contesté con
abatimiento:
-El doctor
pardeche no ha publicado estudios...
-En tal caso
-continuó cruelmente el publicista extranjero- me gustaría asistir
a sus clases. ¿Dicta de mañana o de tarde?
El cura de San
Nicolás aseveró con evasiva displicencia:
-El doctor
Pardeche no dicta clases.
-Ah! -prorrumpió
Pericard-. Es profesor honorario.
Aclaré, ronco
de mal humor:
-Aquí no hay
profesores honorarios. Casi todos nuestros profesores son honorarios.
Los titulares son los suplentes, es decir, los que enseñan, y
suelen ser jóvenes recién recibidos, algunos de ellos estudiosos, a
veces inteligentes y con ambición académica. Los catedráticos en
propiedad son hombres importantes, y por esta razón se conforman
con dar una o dos clases por año y figurar en las mesas de examen.
A pesar de la
Reforma Universitaria, ciertos vicios de la vida “académica” en
la enseñanza del derecho no habían sido erradicados. Se dice que
aún continúan y que el Dr. Pardeche podría todavía ser profesor
de derecho.
1930-1943
Etapa Antireformista.
En
la década del 30 la sala de profesores de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires fue llamada “la
antesala de los ministerios”. Al respecto escribiría
Ramón Doll, intelectual nacionalista egresado de la Facultad:
“Las enormes
fuerzas plutocráticas que están minando las bases de nuestra
nacionalidad necesitan un instrumento, un agente defensor: el
abogado. Pero el abogado solo, con buffete abierto, resulta demasiado
débil para la defensa del imperialismo y es menester que goce de
concomitancias o influencias ante los jueces, no concomitancias
accidentales, sino permanentes; hay un lugar, una ocasión, en que
esas concomitancias físicas, profesionales o ideológicas, se
robustecen, se afianzan, se generan: la Facultad de Derecho. He aquí
el triángulo de la oligarquía curialesca, he aquí el cuerpo
trifacetado del más poderoso organismo destructor que acaso forme
el grueso de las fuerzas plutocráticas lanzadas contra el país por
el extranjero: bufete –estrado– Facultad. Observad bien: son
siempre los mismos apellidos, son los yernos y los suegros, los
hermanos y los cuñados. El abogado de un ferrocarril es siempre el
profesor de la Facultad que un buen día salta a un juzgado o a una
Cámara o el juez que salta a un buffete bien rentado por la Standard
Oíl y que, cabalmente, es profesor también de la Facultad…Se ha
formado una oligarquía judicial nepótica dentro del Palacio de
Justicia.”
La
Facultad de Derecho de la UBA, en los tiempos de la Concordancia,
tuvo efectivamente gran afinidad con los gobiernos de la época y a
los ministros de la Corte era también frecuente encontrarlos en las
aulas de la Avenida Las Heras. En 1930 Alfredo Palacios había sido
elegido decano.
Sin embargo, su mandato fue breve debido al Golpe de Uriburu. Los
estudiantes de Derecho tuvieron una participación activa en el
derrocamiento de Yrigoyen (que también había sido respaldado por el
Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de La Plata).
Palacios también lo apoyó inicialmente aunque explícitamente
rechazó la imposición de una dictadura, por lo que renunciará al
día siguiente del golpe afirmando
que era “contrario a la Constitución y al espíritu democrático
que le inspira, reconocer una Junta impuesta por el ejército”. La
posición de la mayoría de los estudiantes también cambió cuando
se hizo evidente la naturaleza dictatorial del nuevo gobierno,
advirtiendo cómo entre los funcionarios del mismo figuraraban varios
profesores de la Facultad de Derecho que habían renunciado con la
intervención de Ricardo Rojas. Jauretche y Manzi estaban entre los
estudiantes reformistas opositores a Uriburu y redoblarían entonces
su militancia, siendo suspendidos junto a otros estudiantes dos años
después por la toma de la Facultad de 1929, medidas que serían
levantadas en
1932 por el decano Castro.
La Universidad
de Buenos Aires había sido intervenida y el Centro de Estudiantes de
la Facultad de Derecho clausurado por la policía. Carlos
Rodríguez Egaña había sido nombrado Decano Interventor, un
egresado que era asimismo oficial del ejército. Durante los
gobiernos de Uriburu y Justo, los opositores a los principios
reformistas se se fortalecerán al interior de las casas de estudio.
La Facultad debía resguardarse “contra todo espíritu de
subversión y apercibirse, más bien, para concentrar en su seno las
defensas contra la anarquía y el desorden”, se decía. Se
incorporó además en esos años un nuevo curso de Procedimiento
Administrativo en las Facultades de Derecho, inspirado en la España
franquista y la Italia fascista.
En
1933 Carlos Cossio propondrá un Plan de Estudios opuesto al
enciclopedismo dominante
y
estableciendo la importancia de la enseñanza práctica para los
futuros abogados, que debía impartirse en las Secretarías de los
Juzgados. Para Cossio ese objetivo, prioritario a su juicio, no se
lograba en las Facultades de Derecho a las que los alumno concurrían
para obtener el título y un modo de ganarse la vida. Acorde a su
visión, la investigación debía reservarse para los científicos,
que era mejor que trabajaran en organismos externos. Si lo que los
estudiantes buscaban era una habilitación profesional, mejor
"educar para una forma de lucha por la vida".
Cossio fue un pionero en rescatar la enseñanza práctica como
elemento fundamental de la educación del abogado, pero tampoco
desestimó la importancia de un fuerte contenido filosófico en la
carrera.
En
este año también cuando Dardo Rietti, un
profesor que se destacará por una labor docente convertida en una
fuente generadora de proyectos e ideas, accede a la titularidad de la
cátedra de Derecho del Trabajo en Córdoba.
En 1934 se separará
de sus cátedras en la Facultad de Derecho de la UBA a José Peco,
profesor adjunto de Derecho Penal, que había defendido a presos
políticos de diferentes ideologías ideológicas, entre ellos
comunistas, denunciado como tal por la Policía al Ministerio del
Interior. En esta misma década Peco fue decano también de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La
Plata.
Mientras
tanto, Héctor Lafaille seguía defendiendo en 1935 el trabajo del
Instituto de Enseñanza Práctica al que llamaba “Hospital
de Clínicas”, sosteniendo que “la Universidad debe salir a la
calle a ponerse en contacto con el pueblo y ninguna forma mejor de
conseguirlo que mediante este consultorio”. La universidad no debía
“ser torre de marfil, hasta la cual no lleguen ni los ecos del
combate, ni el clamor de los heridos”.
En 1938 se fundará
la actual Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán.
Juan
B. Terán, uno de los fundadores de la universidad en 1914 y que
fuera ministro de la Corte Suprema de Justicia, había pensado la
institución bajo un modelo “científico” e “industrialista”,
dado que suponía que la enseñanza del derecho orientaría en buena
medida a los estudiantes a las profesiones liberales en tanto la
provincia precisaba de las industriales.
Finalmente,
vale la pena mencionar qaue Enrique
Ruiz Guiñazú, que había sido profesor tanto en Buenos Aires como
en La Plata, será Ministro de Relaciones Exteriores durante las
presidencias de Roberto M. Ortiz y del ex-decano Ramón Castillo.
1943-1955:
Universidad y Trabajo (La autonomía cuestionada)
La matriz
ideológica que imperó a partir del año 1943, después del
derrocamiento del profesor de derecho comercial Ramón Castillo, tuvo
una gran influencia en la enseñanza del derecho. Varios logros de la
Reforma Universitaria serán abandonados: la Universidad perdió su
autonomía, se restringió la participación estudiantil en el
gobierno de las casas de estudio y los concursos tuvieron la marca
del poder ejecutivo. La resistencia a los principios de la reforma,
como vimos, antecede al período, pero a partir de 1943 se acentuó.
Esto en parte producirá en la Universidad de Buenos Aires la
renuncia del rector Saavedra Lamas, acusado de ser corruptor de la
juventud y de desquiciar y anarquizar la universidad desde 1941,
donde enseñaría hasta 1946. También en 1943 la Universidad del
Litoral fue intervenida y su gobierno quedó al mando de Jordán
Bruno Genta, quien en una conferencia en el Círculo Militar ese año
había expresado que “La nación es una realidad militar” y “La
libertad es un estado de disciplina […] el cumplimiento del deber,
no la libertad liberal y revolucionaria, principio de muerte y de
degeneración que permite dudar de todo, de Dios, de la Patria, del
Estado y de la familia”. La ideología dominante en el período
1943-1946 no puede entenderse sin poner en consideración el proyecto
del GOU, lo que se evidencia si miramos los nombres de los profesores
incorporados luego de las purgas de 1943 y 1946 (aunque la de 1945
sería la más conocida). No pocos nacionalistas católicos
integristas entraron al gobierno en 1943 y encontraron al mismo
tiempo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA un rol
como profesores. Gustavo Martínez Zuviría, conocido literariamente
como Hugo Wast, autor de famosos escritos antisemitas, sería
flamante Ministro de Justicia e Instrucción Pública y designará a
Tomás Casares, reconocido jurista tomista, como interventor en la
Universidad de Buenos Aires, y destituirá a una parte del
profesorado a la vez que suprimía la autonomía universitaria. Por
un breve tiempo será también decano Atilio Dell'Oro Maini, venido
de la Universidad de Córdoba y reconocido opositor a la reforma
allí. En paralelo, una “Asociación de Estudiantes Nacionalistas”
de la Facultad de Derecho había suscitado un gran entusiasmo en esos
sectores y era ejemplo del surgimiento de una élite intelectual
antiliberal en un ámbito tradicionalmente laico.
En
1944 Rafael Bielsa, profesor extraordinario de la Universidad de
Buenos Aires entre 1937 y 1946 y profesor titular entre 1946 y 1952,
afirmará que “el maestro de Derecho es un educador, un formador de
conciencias jurídicas, de criterio social, y no un pedagogo”.
En ese mismo año Arturo Sampay, a quien se debe hoy buena parte de
los derechos sociales modernos, asumía la cátedra de “Derecho
Político” en la la Universidad de La Plata y era uno de los que
consideraban que el liberalismo de la Constitución Argentina
conducía a la anarquía y a la libertad del “fariseísmo burgués”,
compartiendo nociones de Carl Schmitt con respecto a la diferencia
entre una constitución política y un constitución jurídica.
En
1945 la agitación contra el gobierno tuvo en la Facultad de Derecho
de la UBA uno de sus epicentros, evidente luego en el apoyo a la
fórmula de la Unión Democrática al año siguiente, manifestándose
en forma de episodios que derivaron incluso en una toma de la
Facultad por parte de estudiantes y profesores. Al llegar Perón al
gobierno, se siguió cuestionando la autonomía universitaria
reafirmando la función social de la universidad. La
Facultad de Derecho mantuvo, en general, su nivel e inclusive su
antiguo Plan de Estudios, apenas modificado, con la particularidad de
que la postura ideológica de la mayoría de los profesores que
darían clases mostraría una
fidelidad sorprendente al gobierno de Perón que recordaba al período
rosista, respondiendo en líneas generales a una cosmovisión
comunitaria e integrista con alguna continuidad con la línea
iniciada en 1943 y restrictiva de las libertades académicas,
vinculándose incluso con la denominada “revolución inconclusa”
de 1930. Otros mantenían un respetuoso silencio para mantener sus
cargos universitarios. Pero si bien muchos nacionalistas católicos
del 1943 continuaron siendo parte del profesorado durante el primer
peronismo, no obstante más adelante serían desplazados de los
puestos de gobierno. Muchos profesores de tradición liberal, por su
parte, renunciaban masivamente a sus cátedras. De unos 120
profesores menos de 40 optaron por irse o fueron excluídos. El ya
mencionado Carlos Cossio, sin embargo, fue uno de los que permaneció
dictando en 1946 su Curso Extraordinario de Filosofía del Derecho,
de 64 encuentros, que continuaría al siguiente año, aportando por
entonces en la pedagogía jurídica: practicar y promover el diálogo
oral y la polémica escrita eran métodos centrales de la enseñanza
y la investigación para él. En esos años, con excepción de
Cossio, la filosofía del derecho estaría dominada por la tradición
del derecho natural. En
Córdoba, en 1946 Alfredo
Fragueiro asume como catedrático de Filosofía del Derecho en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
dicha provincia, puesto que conservará hasta 1955, y la asignatura
Legislación Industrial y Obrera se transforma en Derecho del Trabajo
y de la Previsión Social.
Volviendo a la
Universidad de Buenos Aires, en 1947 renuncia a su cátedra Mariano
de Vedia y Mitre, primer profesor de Derecho Político, y en el mismo
año saldría a la luz la nueva ley 13.031 que modificaría el
régimen de la enseñanza universitaria restringiendo, como decíamos,
su autonomía. A las renuncias de profesores se sumó la suspensión
del requisito de ser doctor en jurisprudencia para optar al desempeño
de cargos docentes en la Facultad de Derecho de la UBA. En este año
también por primera vez se presenta más de una tesis de autora
mujer: fueron dos. Además, Marcelo Sánchez Sorondo será nombrado
en Derecho Constitucional y Cossio publicará una edición
actualizada de su libro “La función social de las escuelas de
abogacía”.
Durante
el período de Lascano (1948-1952) se organiza
el Instituto de Enseñanza Práctica. Allí el Jefe de
Trabajos Prácticos orientaba a los alumnos que constituían un
expediente sobre algún caso, encomendándose a uno la redacción de
la demanda, a otro la oposición de excepciones, y a un tercerlo la
tarea de contestarlas. Luego se asistía al Palacio de Justicia donde
se constituía el servicio jurídico gratuito que comprendía
Consultorio Oral, Patrocinio y Asistencia Social. Allí se impartía
la enseñanza técnica profesional donde los propios alumnos
supervisados aconsejaban las soluciones legales a los necesitados de
las mismas, se impartía la enseñanza en la dirección letrada de
los juicios y en la actuación de los casos ante los tribunales. Los
alumnos debían efectuar el estudio de los mismos, redactar luego los
escritos a presentar y, después de aprobados por el jefe de trabajos
prácticos y firmados por los interesados, los entregaban en la
Secretaría del Juzgado que correspondiera, debiendo proseguir su
trámite y asistir a las audiencias. Un inspector de juicios vigilaba
la marcha de los casos, informando al respecto al jefe de la Sección
Patrocinio y a la dirección del Instituto. La
asistencia de los alumnos a las clases del Instituto era obligatoria
y la aprobación indispensable para la obtención del diploma.
Carlos
María Lascano también fue quien implementó los Institutos de
investigación en 1949 y dio carácter de Instituto a la Extensión
Universitaria que buscaba
“promover la cultura humanista inculcando primordialmente el
conocimiento y la vocación del derecho en el seno del pueblo, como
así también estimular el desarrollo de la conciencia social
argentina”. Este Instituto publicó manuales básicos de derecho y
ciencias sociales a ser distribuidos en forma gratuita en las
asociaciones culturales, gremiales y sindicales, buscando hacer
llegar el conocimiento básico del derecho al pueblo y estimular una
conciencia social fundada en la justicia.
El Plan de Estudios
de 1948 de la UBA claramente buscaba formar un abogado con una
función social y no simplemente un profesional que buscara
enriquecerse o pertenecer a una élite funcional a intereses
económicos poderosos. El mismo estaba estructurado en tres ciclos:
asignaturas introductorias en el primero, el segundo abarcando todo
el derecho positivo y las ciencias indispensables de la cultura y, el
tercero, una especialización pero con una asignatura común a todas
(aunque no obligatoria): Filosofía de la Ciencia del Derecho, puesto
que se
“quiere que nuestra Facultad no sea simplemente una fábrica de
profesionales jurisperitos”.
Pero
el clima se estaba poniendo espeso. En 1951 el Vicedecano, Dr. Lucio
Moreno Quintana, suspenderá a cinco alumnos por haber sido detenidos
en una razzia de la Policía Federal en el Centro de Estudiantes de
Farmacia y Bioquímica al infringir un edicto que prohibía la
existencia de reuniones políticas sin autorización policial. Y más
claramente a partir de 1952
el gobierno impulsó un proceso de politización de la sociedad que
implicó el abandono de la pretendida neutralidad política en los
claustros. Isidoro
Ruiz Moreno (h.) fue uno de los distintos casos de profesores que
habrían sido dejado cesantes ese año por
“no haber adherido a la doctrina nacional justicialista, no haber
aceptado la reforma constitucional de 1949, no haber concurrido a
homenajes a la memoria de Eva Perón y no haber contestado a una
encuesta que se había realizado por las autoridades sobre el
movimiento nacional justicialista”.
Hubo, sin embargo, quienes se negaron a contestar posteriormente la
encuesta de 1953 promovida por el interventor Juan Antonio Villodo,
sin ningún tipo de sanción. Otros ejemplos de la adhesión
solicitada eran el juramento exigido a los egresados (análogo al que
rigiera durante el período rosista), el minuto de silencio
obligatorio el día 26 de cada mes y el Curso de Adoctrinamiento
Peronista.
El
moderado Lascano renunciará en el año bisagra de 1952, tiempos en
que a pesar de la aparente calma, la regularidad de los exámenes y
el ejemplo de brillantes tesistas, resonaba en la facultad lo que
ocurría en la sociedad. La resolución 159/52 de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la UBA determinará la publica
adhesión al Segundo Plan Quinquenal invitando a los profesores para
que lo hagan conocer en las cátedras y exhortándolos a la
colaboración con el mismo. Se dispone asimismo que el Instituto de
Extensión Universitaria debía divulgarlo fuera de la facultad.
John
William Cooke era por entonces profesor titular de Economía Política
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Su postura
era justamente que la Universidad debía estar al servicio del
gobierno. Si bien se el propio presidente había afirmado que la
política debía ser desterrada de la Universidad, tenía sin embargo
que ser reemplazada por la “doctrina nacional” impuesta en los
cursos de la Facultad. Faustino Legón, profesor en La Plata y en
Buenos Aires y que luego en 1958 será
primer decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
UCA,
consideraba que le cabía un papel destacado en ese sentido a las
Facultades de Derecho en lo que refiere a los cursos obligatorios de
formación política, específicamente justicialista.
El
ya mencionado Arturo Sampay, profesor de Derecho Político en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP entre 1944 y
1952, había
explicitado en un texto los principios que debían orientar estos
cursos. De tradición revisionista, decía que el propósito de los
mismos era formar “argentinos dirigentes para salvar nuestro ser
nacional, consolidar un orden social justo, afianzar la libertad e
independencia del país en sus decisiones”.
La llamada “peronización” de las universidades había comenzado.
John William Cooke aludía al diletantismo que prevalecía en
las universidades apartadas del destino de la Nación.
Una comunidad organizada no podía fructificar si no se conseguía
que sus instituciones no fueran homogeneizadas con el paradigma común
de la doctrina nacional que se intentaba imponer. En ese sentido es
que existen dudas sobre la existencia de una total libertad de
expresión y verdadero pluralismo de las cátedras en la Facultad de
Derecho de la UBA. El acceso a las mismas aparentemente requería un
alto grado de fidelidad o al menos un silencio prudente.
En
1953 en la Universidad de Córdoba la materia Historia del Derecho
Argentino, tras 46 años de dictado, es reemplazada por por la
asignatura Historia Constitucional. Mientras
tanto, el seminario de Cossio de ese año constituiría el puntapié
inicial de los estudios de lógica simbólica en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires y que serían continuados
más adelante por cultores del positivismo lógico entre quienes cabe
mencionar a Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin, quienes conocieron
a Cossio por aquellos años.
Como
decíamos, si bien la universidad había perdido su autonomía y
rechazado los principios de la reforma de 1918,
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA había mantenido
en general su nivel académico y, habiéndose hecho masiva, había
crecido sustantivamente la cantidad de graduados y tesis doctorales
aprobadas (especialmente durante la gestión Lascano culminada en
1952), entre los que se destacan nombres de importante trayectoria
posterior como los de Norberto
Bacqué, Ruth Tiscornia, Ignacio B. Anzoátegui, José Dellepiane,
Estanislao del Campo, Jorge Bacqué, German Bidart Campos, Carlos
Busquet, Lino Palacio, Roberto Aleman, Carlos Becú. Carlos Blaquier,
Horacio Fargosi, Carlos Fayt, Carlos Floria. Crecerán
además sustantivamente en este período las actividades de extensión
universitaria y nacerán los Institutos de Investigación.
Las tareas docentes nunca se interrumpieron por huelgas de
estudiantes y reinó una casi total normalidad. Y ser opositor al
régimen, por otra parte, no había significado necesariamente perder
el cargo: un caso ejemplar en ese sentido es el del Dr. Ricardo
Levene, quien además fue el Director del Instituto de Historia del
Derecho, uno de los institutos que más financiación y actividades
tuvo durante la gestión Lascano.
En
la década del 50 se presentan 18 tesis de mujeres, dos tercios del
total de las tesis de mujeres presentadas en la UBA hasta 1960. La
gran mayoría de esas tesis corresponden al período 1951-1954. Antes
de 1951, solo había 9 tesis de mujeres. Y
en cuanto al plan de estudios de 1953, vigente hasta 1961, había
tenido solamente una ampliación de materias y reformas
superficiales. El Plan de Estudios histórico de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires seguía manteniendo las
grandes líneas del de 1875, las que desaparecerían recién en 1984.
1955-1966
Restauración de la autonomía. Modernización, renovación y golpes
de Estado.
Los nuevos años
vendrán con tensiones y violencia que, sin embargo, no impidieron
que las facultades adquirieran un nivel académico muy destacado. El
debate de fines de los años 50 sobre “la Libre y la Laica” será
de gran importancia en el período. Dictada la ley que permitió la
existencia de universidades privadas, los modelos de estudios (en
especial en derecho) en todas ellas al comienzo y por muchos años,
se tomaron de los existentes en las universidades estatales.
En
este período regresa la autonomía universitaria y sectores
liberales y de izquierda recuperarán posiciones en el claustro
profesoral mientras los otros sectores, nacionalistas y el
peronismo en la clandestinidad, inician la llamada resistencia. Se
reincorporan profesores expulsados desde 1943 y se prohibe que se
presenten a concursos quienes apoyaron al gobierno anterior. Es
interesante el caso del nacionalista Mario Amadeo, profesor de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires durante el período peronista, quien rompió con su adhesión a
Perón por razones vinculadas al enfrentamiento con la Iglesia y que
sería ministro de Lonardi y embajador ante la ONU durante el
gobierno de Frondizi. Carlos
Malagarriga, expulsado de la UBA en 1946 y reincorporado en 1955 como
interventor en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional de La Plata, sostendrá que la ciencia era
necesaria “pero solo en un segundo término”, siendo “preferible
un profesor honesto y de solo mediana preparación a otro
sapientísimo pero deshonesto”, aludiendo a la relación con el
régimen despuesto. Después de septiembre de 1955 predominó
un fuerte espíritu de revancha y nuevas purgas privaron a la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires de elementos valiosos. Luego
del golpe se había hecho cargo de las instalaciones de la Facultad
un grupo de estudiantes que entregaría la conducción de la misma a
una “Junta Provisional de Gobierno”, integrada entre otros por
Mariano Grondona y Guillermo O'Donnell, y que ejercerá la gestión
hasta que asuma el primer Delegado Interventor, doctor Alberto
Padilla. La Junta designó comisiones investigadoras, calificando
moralmente a los seguidores del régimen depuesto y disponiendo
sanciones. La “purga” comenzó apenas se hizo cargo la
intervención Padilla: cuarenta y cinco personas fueron excluídas en
un mes y cincuenta y seis en los siguientes cinco meses. A poco más
de un mes de consumado el golpe, se aprobó una resolución que
suprimía en los programas de las materias los puntos “que se
refieren a doctrinas propiciadas por el gobierno depuesto y a sus
planes”. Se había creado una comisión investigadora de los
antecedentes morales e intelectuales de los profesores de la Facultad
de Derecho e intervenido el local de la Escuela de Elevación
Cultural Superior “Juan Perón” que funcionaba en la Facultad.
La enseñanza
superior ya se había masificado durante el peronismo y continuaría
esa tendencia de manera sustantiva. Al finalizar el año la
Universidad de Buenos Aires contaba con 71.823 estudiantes, la mitad
concentrada en las Facultades de Ciencias Médicas y Derecho y
Ciencias Sociales.
En
1955 en Corrientes se crea la Escuela de Derecho, dependiente de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional
del Litoral y, en Córdoba, Alfredo Fragueiro, ya no más profesor de
la universidad pública,
asume como Profesor de Derecho Natural en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Católica de esa ciudad, donde
enseñará hasta su fallecimiento.
Concursos y
confirmaciones de profesores y docentes predominaron a partir de
fines de los años 50 y muchos prolongarían su vigencia más allá
de la nueva intervención de 1966 que terminó nuevamente con la
autonomía universitaria. Para estos concursos no serían admitidos
quienes hubieran realizado actos de promoción de doctrinas
consideradas totalitarias y adversas a la vigencia de las
instituciones republicanas, ni tampoco quienes en el desempeño de un
cargo docente hubieran manifestado solidaridad con la llamada
dictadura. En 1956 se confirma la resolución que excluiría al Dr.
Marcos Satanowsky de participar en un concurso por defender personas
interdictas. Luego de un intento de golpe en 1956 se aplicará la ley
marcial, estando Clemente Braulio Ros, docente de derecho político,
entre los fusilados.
Dos resoluciones de
ese mismo año propondrán a Félix Luna como Director de Extensión
Universitaria y a Ambrosio L. Gioja como Director del Instituto de
Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Pero, después de este
año, también en el “Seminario de
Lógica de Normas” de Alchourrón y Bulygin prevalecerá la
corriente analítica de estos lectores de Carnap y Wittgenstein,
sobre la fenomenológica de Gioja en la que se leía a Husserl y
Scheler y que había sido, en cierta medida, continuadora de Cossio.
En 1956 Cossio todavía continuaba como profesor de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, pero enseguida se suprimió su
cátedra mientras se reincorporaban otros profesores separados
durante el período peronista.
En
Córdoba, con la universidad nacional intervenida,
se vuelve a introducir la asignatura Historia del Derecho Argentino
y, además, el nuevo plan incluirá las asignaturas Historia
Diplomática Argentina e Historia de la Cultura. Se creará además
en estos años el Instituto Nacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, lo que ayuda a la coordinación de la labor de los
Institutos del Derecho del Trabajo que se comenzaban a multiplicar en
las universidades de todo el país.
La
Escuela de Derecho creada en Corrientes el año anterior y
dependiente de la Universidad Nacional del Litoral es incorporada a
la Universidad Nacional del Nordeste creada en 1956 como parte de su
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, buscando
cumplir con la necesidad de formar hombres de la ley en la región.
Al
año siguiente, Margarita Argúas será la primer mujer en alcanzar
el cargo de Profesora Titular, en este caso de Derecho Internacional
Privado, si bien se la recuerda más hoy por ser la
primera mujer en ser nombrada Jueza de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en 1970 en toda América, once años antes de que esto
ocurriera en los Estados Unidos. La misma sería además profesora en
la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata entre 1956 y
1958, y organizaría, en calidad de profesora contratada, la Cátedra
de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la
Universidad del Nordeste entre 1965 y 1967. Cuando sus múltiples
ocupaciones como Ministra de la Corte Suprema y en cargos en el
extranjero le impidieron mantener esa dedicación, optó por
renunciar al cargo de profesora titular dejando ese lugar a sus
discípulos.
En
1958
en Mar del Plata la Facultad de Derecho comienza a funcionar en el
ámbito privado gracias al impulso que el obispo de la ciudad diera a
la creación del Instituto Universitario Libre, luego la Universidad
Católica Stella Maris.
En
1959 se aprueba la creación de otra Escuela de Derecho en la
Universidad Nacional del Litoral, en este caso dentro de su Facultad
de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas y en la ciudad de
Rosario. Hasta entonces los rosarinos debían viajar a Santa Fe para
estudiar abogacía.
En
1960 se crea la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de Mendoza, de carácter privado, año a partir del cual
algunas universidades
incorporaron prácticas profesionales en la currícula durante
los años de cursada a través de consultorios o patrocinios
jurídicos gratuitos. A la vez, los profesores
continuaban la tradición del formalismo y el dogmatismo legal,
separando el derecho de otras disciplinas y de la discusión
política, aún cuando trabajasen para movimientos sociales u
organizaciones consideradas “revolucionarias”. El funcionamiento
de algunas clínicas jurídicas en las facultades vino acompañado de
un proyecto de la Fundación Ford, buscando insertar a las escuelas
de derecho en lo social pero siguiendo un modelo importado de
E.E.U.U. Hoy se cree que, a pesar de que hayan continuado
funcionando, han fracasado por falta de consideración del contexto
latinomaericano, caracterizado tanto por la carencia de recursos de
las facultades como por la existencia de una muy distinta cultura
del derecho.
En lo que refiere
al trabajo dentro de las cátedras, se ofrecían cursos de promoción
sin examen sin que existieran los cursos a elección de los alumnos
ni los créditos. Y aunque la instrucción fuera rica en contenidos,
se la criticaba por tener un déficit considerable en materia de
conocimientos prácticos.
Políticamente se
trató también de un período en el que la violencia no estuvo
ausente, con el nacionalismo católico combatiendo contra la
izquierda en la Universidad de Buenos Aires. En 1960 la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de esta facultad negaría la autorización
para que Alfredo Palacios diera una charla sobre la Revolución
Cubana y, al año siguiente, las autoridades negarán también la
utilización del salón de actos para realizar un homenaje a la
Reforma Universitaria por temor a que se transformara en un acto
marxista. Es interesante recordar asimismo la existencia por esos
años del Sindicato Universitario de Derecho (SUD), formado por un
grupo de estudiantes nacionalistas en 1956 entre los que se contaba
Rodolfo Urtubey, figura luego destacada en el ámbito político y
jurídico de la provincia de Salta, ademas del padre del actual
gobernador. El SUD, inspirado en la Falange Española, se oponía a
los valores de la Reforma Universitaria de 1918 y abogaba por la
restauración de una universidad elitista y jerárquica. Esta
organización tendría su primer actuación en 1958, en el contexto
del debate de la laica y la libre, tomando la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Del otro lado
del espectro ideológico, el consejero estudiantil reformista Roberto
Quieto, años después destacado jefe de Montoneros, se quejaba por
entonces de la “intolerancia ideológica” existente. Y es que en
ese entonces estudiaban derecho jóvenes que cumplirían más
adelante un papel destacado en los movimientos guerrilleros de los
70, como Dardo Cabo.
La masividad de la
universidad había hecho que entre 1829 y 1960 se produjeran cerca de
4000 tesis doctorales en derecho en la Universidad de Buenos Aires,
pero solo 26 de ellas habían sido escritas por mujeres. Todavía
había un largo camino para recorrer en este sentido.
A partir de una
resolución del año 1961, tres de los cuatro cursos de formación
docente en la Universidad de La Plata corresponderían a contenidos
referidos a filosofía: lógica normativa, hermenéutica jurídica y
ética, y sólo uno respondería a pedagogía jurídica. Esto marca
una concepción de la formación docente en la que se esperaba, sobre
todo, que éste adquiriera herramientas para una actitud reflexiva
que se lograría con la filosofía. Mucho más que el contenido de la
enseñanza parecía importar una formación de base docente común en
lógica, hermenéutica jurídica y ética, con contenidos que
respondían a la filosofía analítica.
Finalmente,
sólo en la obra de unos pocos la investigación tomará en las
Facultades de Derecho un sentido empírico y con método sociológico.
Ciria y Sanguinetti reclamarán por ello en 1962 que la investigación
tenga una orientación "sociológico jurídica", pidiendo
se investigue "por qué se viola todos los días la
Constitución; interesa reformar el régimen carcelario: interesa
conocer estadísticas, saber cuantos divorcios se sustancian, por qué
causas, en cuántos la prueba está fraguada...", a la vez que
criticarán la inactividad de la mayor parte de los Institutos en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires junto con lo que consideraban una falta de seriedad de sus
trabajos. En ese mismo año Luis
Despontin asume como titular de una de las cátedras de Derecho del
Trabajo y de la Previsión Social en la Universidad Nacional de
Córdoba, consiguiendo con su labor la proyección nacional e
internacional de la Escuela de Derecho del Trabajo de dicha casa de
estudios.
Este período
finalizará con el golpe al gobierno de Arturo Illia que, así como
ocurriera con el golpe del 30, tuvo apoyo y aliados en las Facultades
de Derecho de las universidades. El decano de la Universidad de
Buenos Aires, designado luego miembro de la Corte Suprema por
Onganía, había sido parte de la campaña en contra del médico
cordobés.
1966-1973
La universidad entre la politización, la masificación y las
dictaduras.
Desde
1966, y hasta el regreso de la democracia a fines de 1983, se dio una
sucesión de interventores, decanos normalizadores y “decanos”
que hablan de una inestabilidad de la historia institucional
argentina de la que no ha estado exenta la universidad.
En
1966, pocos profesores excluidos por la Libertadora habían sido
reincorporados. El gobierno de facto vuelve a intervenir la
Universidad de Buenos Aires, designando después de un mes de
clausura al profesor de Derecho Constitucional Dr. Luis Botet. Ante
el golpe militar que derrocó a Illia, y en particular luego de la
denominada “noche de los bastones largos”, muchos profesores
de derecho de la Universidad de Buenos Aires renunciaron a sus
cátedras pero otros tantos continuaron.
En
1967 la Escuela de Derecho en Rosario se transforma en Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, un año antes de que
se creen la Universidad Nacional de Rosario y su Facultad de Derecho.
En
1969 dicha Facultad pasó
a llamarse Facultad de Derecho y Ciencias Políticas hasta 1974, año
a partir del cual solamente será Facultad de Derecho al crearse la
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
Hacia
el final de este período de siete años se observa por primera vez
la aparición de una corriente mayoritaria peronista en el
estudiantado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires y el cuestionamiento a las autoridades es permanente. Se dan
procesos de modernización en la universidad pero la enseñanza del
derecho parece estar un poco alejada de los mismos. Al mismo tiempo,
se observan en la universidad procesos de radicalización de abogados
que empiezan a participar más en los sindicatos, en la defensa de
presos políticos y a discutir la formación de su profesión y el
mismo estatuto del derecho, lo que comienza a verse en particular en
algunas cátedras de las carreras de derecho. Pero en otros casos
podía observarse que
la falta de cambios en la enseñanza del derecho era una función de
la falta de cambios en el proyecto político vigente.
1973-1976
Universidad popular y violencia
Durante este
período la enseñanza del derecho no será ajena al enfrentamiento
ideológico y político que se da en el país. El peronismo
revolucionario produjo nuevas reincorporaciones e incluso volvería a
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires una figura como la de Arturo Sampay, mientras a la vez
eran expulsados los profesores más abiertamente identificados con la
dictadura de Onganía y aquellos que trabajaban como empleados de
multinacionales.
La extensión
universitaria se volvería muy activa y recuperaría en esos breves
años experiencias de compromiso social, estudiantes de derecho
instalarán centros de atención gratuita en barrios obreros. También
se buscó modificar la metodología de enseñanza del derecho
mediante la introducción de las dinámicas grupales. Pero estos
proyectos se fueron diluyendo y no llegaron a consolidarse en tiempos
de aún mayor masificación y, según algunas miradas, también de
descontrol educativo en consonancia con la efusividad del clima
político y los episodios de violencia de esos años.
Por
otra parte, en 1973 se
crea en Mendoza el Centro de Altos Estudios Jurídicos que
funcionaría hasta 1976, cuando fue disuelto por el gobierno de
facto.
A
su vez en 1975, en la Universidad Nacional de Córdoba, el plan de la
carrera sufrirá
importantes
modificaciones.
1976-1983:
La última dictadura militar
En 1976 las
universidades quedan bajo interventores militares y para inscribirse
en las mismas habrá que presentar certificados policiales. El
aumento continuo del alumnado obligará a aumentar el número de
cátedras y de profesores titulares mientras otros debían exiliarse
ante las persecusiones, la represión y la censura. Pero si bien
cesarán los profesores que entraron en 1973, ni los planes de
estudio ni el modelo de facultad se verán alterados en el campo de
la enseñanza del derecho donde dominaban orientaciones asentadas en
grupos de poder académico renuentes a cualquier innovación.
En
Mar del Plata
se
crea en 1976, sobre las bases de la carrera de abogacía ya existente
de la Universidad Católica, la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Mar del Plata.
En el caso
particular de la Universidad Nacional de La Plata, si bien se
mantiene la importancia de la filosofía del derecho en la formación
docente, a partir de una resolución del año 1980 los contenidos se
limitarían a una mirada tomista, de iusnaturalismo teológico. Por
otra parte, la pedagogía no será más “jurídica” siendo
reemplazada por fundamentos de la pedagogía general y pedagogía
universitaria en particular.
En 1982 el régimen
militar trató de perpetuarse y organizó un llamado masivo a
concursos que luego serían impugnados. En la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, de veintiocho concursos
con el regreso de la democracia serían impugnados veintisiete de los
mismos.
Finalmente, en 1983
se habilita la
carrera de abogacía en la Universidad Nacional del Comahue como
carrera estable junto con el nacimiento de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de dicha universidad.
1983-1989:
Recuperación de la democracia
El
regreso de la democracia generó un conjunto de cambios que
estimularon los proyectos de transformación en la enseñanza del
derecho acorde a los nuevos tiempos. Además de ayudar a diseñar la
política de derechos humanos, los asesores legales de Alfonsín
intervinieron en la normalización de la Facultad de Derecho de la
UBA. Eugenio Bulygin, primer decano de la
nueva etapa, cambió el programa de una facultad aún más masiva con
la llegada de la democracia, encontrándose con docentes dogmáticos
de corriente formalista para los que, además, las clases no eran
además una prioridad y con una metodología de enseñanza del
derecho que privilegiaba la memoria por sobre el pensamiento crítico
y las destrezas para el ejercicio de la profesión, sin la presencia
de una significativa tradición en investigación. Ese panorama de la
enseñanza del derecho se suponía no ayudaría a la consolidación
de una aún muy frágil democracia. En los proyectos de reforma a
llevar adelante tuvo una actuación destacada Carlos Nino, quien
propuso infructuosamente crear carreras más cortas y tener
profesores de tiempo completo. A la vez, ese grupo de destacadas
figuras del mundo del derecho comenzó a enviar a jóvenes abogados a
realizar estudios de posgrado en el exterior donde aquellos eran
profesores, conociendo así otras formas de enseñanza de la
disciplina y de vida académica en general.
Pero
lo más importante de este momento histórico en lo que refiere a la
enseñanza del derecho es que recién ahora se quebraría una
estructura general de planes de estudio que estaba en buena medida
vigente desde la década de 1870.
Además, hasta entonces lo que se esperaba que conociera un profesor
de derecho era simplemente los contenidos de su disciplina, sin
demasiada atención a las destrezas que tuviera para la enseñanza
del mismo puesto que éstas se atribuían a algún talento innato o
siendo producto de los años de práctica y no del aprendizaje. Es
así que para remedar esta situación aparecen las carreras docentes
en Buenos Aires y en La Plata, que supondrán una mirada crítica
sobre el derecho que se estaba enseñando, la manera en que el mismo
se enseñaba y sobre el tipo de abogado que se formaba. Mientras que
en Buenos Aires esta carrera se presentará en el contexto de una
reforma importante del plan de estudios de derecho, en La Plata no
sería reformado el plan que permanecía vigente desde la década del
60 (y que estaba inspirado en el de Buenos Aires) pero
se recupera una carrera docente propia para el derecho, semejante a
la de la Universidad de Buenos Aires e incluso compartiendo muchos de
sus profesores, aunque la misma no duraría demasiado. La
decisión de incluir la formación interdisciplinaria de los docentes
en la Universidad de La Plata tenía sentido en tanto se buscaba que
el auxiliar desarrollara una perspectiva crítica del derecho. El
cambio del plan de estudios en la Universidad Nacional de La Plata
del año 1985 implicaba un cambio de las prácticas docentes por lo
que se buscaba la “adopción de métodos alternativos de enseñanza,
que impliquen la participación activa del alumno en la realización
de tareas de aprendizaje diseñadas y dirigidas por los profesores”.
Se recomendaba así a los profesores reducir las “clases
magistrales” que quedaban vedadas para los Jefes de Trabajos
Prácticos y Ayudantes.
En
1984
se
crea la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo.
A partir de 1987 se
apostará en la Universidad de La Plata a que haya seminarios y
talleres de investigación o actualización ofrecidos por los
departamentos académicos pero, en los hechos, esta iniciativa quedó
desarticulada y librada a la oferta de cada profesor. El espíritu
investigativo y las habilidades para el mismo no podían ni pueden
desarrollarse solamente sobre la base de un curso cuatrimestral de
metodología de la investigación. Aprobar un curso no implica que el
docente desarrolle lo aprendido ni que conecte su docencia con la
investigación. Pero en este período, al menos en la Universidad de
La Plata se promovió a través de cursos específicos una carrera
docente en el campo de la enseñanza del derecho.
El plan de estudios
aprobado en 1985 en la Universidad de Buenos Aires aumentó el número
de dedicaciones exclusivas y semiexclusivas de los docentes, habiendo
la Comisión Curricular definido al plan de estudios “viejo” como
enciclopédico, rígido, desactualizado y favorecedor de una actitud
dogmática. Se cursaría ahora en dos ciclos, uno común y otro
orientado, con materias obligatorias, optativas o complementarias. a
la vez que se buscaría un modelo de enseñanza del derecho a través
de la resolución de casos, al estilo de las universidades
norteamericanas, para lo que se trataba de “proveer herramientas
conceptuales para que el futuro abogado pueda encarar autónomamente
el razonamiento crítico necesario para resolver problemas sobre la
base de un material jurídico cambiante, en vez de suministrar el
máximo de información posible”. Ahora bien, abandonar una
enseñanza del derecho centrada en la mera recepción, retención y
reproducción de normas requería, como decíamos, otro tipo de
docentes, por lo que el Departamento de Carrera docente de la
Universidad de Buenos Aires ofrecerá también talleres pedagógicos
dedicados al análisis de fallos jurídicos via el método socrático
y el trabajo de casos hipotéticos con asignación de roles. Pero, en
honor a la verdad, este modelo nunca se impuso ni clara ni
completamente. Estos intentos también se dieron en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Córdoba pero los cambios curriculares
no fueron suficientes para reemplazar un modelo predominante durante
más de un siglo.
Finalmente, cabe
destacar que en estos años Cossio sería nuevamente designado
Profesor Emérito y que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad de Buenos Aires adquiriría una relevancia
internacional.
1989-2001:
Regulación del sistema
En
1989 se crea el Instituto de Ciencias Jurídicas en la Universidad
Nacional del Sur, vinculado al Departamento de Ciencias de la
Administración hasta la creación del Departamento de Derecho en
1996, y la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuyo se instala
en el estadio mundialista Malvinas Argentinas, donde permanecerá
hasta el año 2001. Aquellos que estudiaron derecho durante la
transición a la democracia fueron testigos del desarrollo de una
nueva concepción de la disciplina que incluso implicó la creación
de nuevas instituciones. Una serie de universidades privadas
emergieron en la ciudad de Buenos Aires, creándose algunas de ellas
bajo el modelo norteamericano de enseñanza del derecho como las
universidades de San Andrés, Di Tella y Palermo. La Universidad
Torcuato di Tella creó una Facultad de Derecho y la Universidad de
Palermo creó una Maestría en Derecho basada en el trabajo de
profesores a tiempo completo. En el caso de Palermo se desarrollaron
nuevos cursos y una clínica en derecho de interés público llevada
adelante por estudiantes. Los cursos de posgrado ofrecieron nuevos
acercamientos pedagógicos y materiales en general enseñados por
profesores que habían realizado posgrados en el exterior. A la vez,
algunas ONG interesadas en el derecho de interés público
establecieron clínicas que funcionaron como pasantías y
programas de enseñanza. Otras clínicas fueron incluidas dentro de
los programa académicos de las facultades, como ocurriría en el
caso de Palermo. La mayor parte de las mismas tuvieron su auge como
parte de un movmiento que surge en América Latina caracterizadas por
ser de interés público, especializadas en Derechos Humanos y en
Litigio Estratégico. La Red Latinoamericana de Clínicas Jurídicas
fundada en 1977 funcionó como además como un espacio de intercambio
de docentes y estudiantes.
Con
el antecedente del Instituto de Ciencias Jurídicas creado en 1989,
se crea en 1995 la carrera de abogacía en la Universidad Nacional
del Sur
No
puede dejar de mencionarse aquí que esta nueva era en el derecho
argentino emergió de la lucha por los Derechos Humanos y que, por
ende, los comienzos del siglo XXI serán un tiempo de transición
desde una concepción de la ley a otra, en el marco de un sistema
educativo en expansión. En los años subsiguientes un importante
número de universidades públicas fueron fundadas tanto en el
conurbano como en las provincias. Y para
el año 2003 las carreras de abogacía, contador público y medicina
concentrarán un 25% de la matrícula universitaria.
La
enseñanza del Derecho en el siglo XXI
En
marzo de 2010, Mónica Pinto se convertirá en la primera mujer
decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Solamente un año después, en 2011, la Facultad de Derecho ya
contará con un programa institucional de Género. La
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba pasará a ser
Facultad de Derecho
en 2015. En 2017 se
implemente un nuevo plan de estudios de la carrera de abogacía,
luego de cerca de 30 años del anterior, en la Universidad Nacional
de Cuyo.
¿Por qué muchos
estudian derecho en nuestros días en la Argentina? La creencia de
que el estudio del derecho proveerá una cierta seguridad económica
sin duda juega un rol importante a la hora de elegir la carrera y,
además, al menos acorde alas actuales exigencias, se puede trabajar
mientras se estudia, no requiere demasiada inversión de tiempo ni
demandas intelectuales considerables mientras que, a la vez,
constituye una casi monopólica puerta de entrada a la justicia y,
consuetudinariamente -lo que es de interés en algunos casos- al
poder. Del lado de los profesores, la enseñanza del derecho es
también una actividad part-time. La vasta mayoría de ellos trabaja
como abogados en sus estudios privados, en oficinas gubernamentales o
como jueces. Si bien algunas facultades han agregado algunos docentes
full-time, no dejan de tener otros empleos de mayor importancia para
ellos, lo que no infrecuentemente afecta la preparación de y la
asistencia a sus clases. Pero la enseñanza del derecho sigue siendo
importante para los titulares de estas materias por el prestigio que
el cargo implica y las conexiones que la misma provee. Muchos enseñan
la ley que practican en sus estudios privados y ser considerado
docente en un área le da al abogado una distinción en el mercado.
Pero también es observable cómo, en la medida en que los profesores
van ascendiendo en su estatus institucional, de a poco dejan atrás
la enseñanza. Los titulares enseñan pocas o a veces incluso ninguna
clase, descanzando en los adjuntos y los ayudantes la mayor parte del
trabajo de la enseñanza.
Casi todo profesor
es un abogado o juez que, además, enseña. Solo los profesores de
temas no directamente “profesionales” buscan una dedicación
exclusiva: los de historia, sociología, o filosofía del derecho,
por ejemplo. Hay, además, un alto grado de provisionalidad entre los
profesores. Todo esto no es menor a la hora de pensar lo que ocurre
con la calidad de tanto los estudiantes como de los profesores de
derecho, sumado al hecho de que el conocimiento del código sigue
siendo la meta en muchos casos, en desmedro de contenidos políticos,
económicos y morales que hacen a la riqueza del campo. Cuando se
trata especialmente de adquirir información y no de desarrollar
capacidades intelectuales o competencias profesionales, este es el
resultado. Es raro que los estudiantes se adentren en la
jurisprudencia, la sociología o la historia o filosofía del
derecho. Además, basta con asistir a la biblioteca de la Facultad de
Derecho de la UBA para percibir que no se espera que los estudiantes
o docentes investiguen. El estudiante de derecho no es hoy por lo
general un ávido lector ni está demasiado interesado en cuestiones
literarias, artísticas o, incluso, políticas. El tiempo de clase se
usa para entender mejor lo que se lee en los manuales y lo que
importa de ellos para los exámenes, única razón e instancia para
que y solo en la que muchos estudian lo poco que estudian. Para
convertirse en abogado parecería poder ser casi suficiente poder
recordar textos.
Por otra parte, el
perfil profesionalista de la enseñanza del derecho sigue siendo
dominante. La solución a todos esto problemas, sin embargo, no se
hallará instalando más de lo mismo: más profesores, más aulas,
más tecnología, más investigación. Ni tampoco se logrará
importando sistemas académicos del exterior. La enseñanza del
derecho en los nuevos tiempos requiere de cambios que dejen atrás el
formalismo del código y un rol más políticamente consciente de sus
docentes, en un diálogo con las transformaciones que imponen la
globalización y una democracia basada en los derechos humanos: no
puede desiligarse la enseñanza del derecho del cuadro de fuerzas en
creación de una nueva cultura política.
El
modo de enseñar en nuestras facultades está en crisis y se vuelve
necesario repensar las formas de enseñar el derecho. En el nuevo
siglo la educación a distancia, la educación en contextos de
encierro, la atención a la discapacidad, las áreas de violencia de
género y mediación, adquieren una especial relevancia, así como la
proliferación de posgrados y su importancia.
Los
desafíos
Derecho es una de
las carreras más populares y más disponibles geográficamente en el
territorio argentino. Sus graduados han tenido y probablmente sigan
teniendo un papel fundamental en el desarrollo de las instituciones
democráticas en la Argentina. La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (2014 y 2010) y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (2013), han emitido resoluciones vinculadas a la necesidad de
capacitar a los operadores jurídicos en ciertas áreas específicas.
La preocupación
sobre las carencias educativas en ética profesional y la calidad de
la formación técnica de las profesiones del Derecho ha sido una
constante a lo largo de los últimos años, así como la insistencia
en la necesidad de contar con docentes con mayor dedicación.
Los planes de estudio de las principales casas de altos estudios no
siempre parecen haber plasmado las modificaciones sufridas en las
últimas décadas en la práctica jurídica en sus currículas. Las
nuevas demandas de la sociedad hacia los abogados está demandando
una renovación en la capacitación de los operadores jurídicos.
La
DNRECASO identificó hace unos años unas áreas de vacancia
(Investigación jurídica, gestión de conflictos, negociación y
mediación; prueba, destrezas para el litigio, ética profesional,
práctica profesional, contenidos transversales, razonamiento y
decisión judicial, gestión judicial) en la enseñanza del derecho
sobre las cuales estableció la necesidad de trabajar. Como ejemplo
de estas necesidades, solo se habían encontrado tres espacios
curriculares en el área de prueba, tratándose en todos los casos de
planes de estudio de universidades públicas. Otra zona que resultó
difícil de relevar es el área de Áreas Transversales: es aún
escaso el aliento a las miradas multidisciplinares en la construcción
de los planes de estudios. Tampoco se encontraron espacios
universitarios que se centren en las habilidades de Gestión
Judicial.
Otra
cara de la moneda nos muestra, sin embargo, que algunas
modificaciones introducidas en los planes de estudio han sido
significativas. La formación en habilidades y destrezas de la
abogacía, por ejemplo, se expandió de manera importante. Pero sigue
siendo imperiosa una profesionalización de la enseñanza del derecho
junto al correspondiente aumento de las dedicaciones exclusivas en
este sentido.
Mientras
casi el 60% las carreras de abogacía pertenecen a universidades
privadas, sus
graduados
representan menos del 30% del total. La UBA produce alrededor del 40%
de los graduados de la gestión pública.
En las últimas
décadas el número de estudiantes de derecho ha seguido creciendo y
la currícula no pareciera haber cambiado demasiado, situándose aún
en el centro de la misma los cursos de derecho constitucional, civil,
penal, laboral, comercial y procesal, siendo y teniendo en buena
medida todavía documentos decimonónicos como las referencias para
los mismos. Muchos graduados han ocupado posiciones en un Estado que
se ha agrandado, no siendo pocos los casos en los que su función ha
estado reducida a tareas burocráticas.
El crecimiento de
las universidades privadas y los posgrados en el extranjero ya
mencionados han dado también lugar a la aparición de otros cursos,
a alguna innovación metodológica y a la educación en ética, pero
esto no ha sido algo generalizado. La resistencia de los sectores más
tradicionales impidió asimismo la afirmación de una transformación
en las formas de la enseñanza del derecho, reproduciéndose incluso
en los espacios “innovadores” muchas de las deficiencias propias
del sistema educativo dominante.
Nuevamente la
necesidad de sumar cursos interdisciplinarios y de destrezas para el
ejercicio de la profesión ha entrado en el debate en momentos en que
nuevas facultades centran sus intereses hacia la formación de
abogados para las grandes empresas, con un estilo de enseñanza que
en algunos casos ha imitado modelos norteamericanos.
Como hemos visto,
desde sus orígenes la enseñanza del derecho en la Argentina ha
estado ligada a la formación de hombres de estado, muy claramente en
el caso de la UBA, y la docencia ha sido una actividad incluso a
veces complementaria de la actuación política. Pero esto no ha sido
en desmedro de la educación del abogado litigante también muy
presente, en tanto el modelo liberal profesionalista también ha sido
una base de la formación jurídica durante muchos años en la
Argentina.
Todavía hoy
pareciera ser necesario y suficiente conocer las leyes y los códigos,
los antecedentes, las doctrinas y las jurisprudencias, para formar a
un abogado, educando a un profesional culturalmente empobrecido e
ignorante de los fundamentos materiales del orden jurídico, de la
historia, de los elementos sociológicos, económicos, filosóficos y
psicológicos que hacen a la experiencia del derecho y a la riqueza
de un planteo jurídico o de un fallo. La escuela dogmática que
propugnó un estudio analítico de las normas jurídicas se
desarrolló con mucha fuerza en la Argentina, más allá de ciertas
excepciones. Pero hace tiempo que sabemos que la enseñanza del
derecho no puede agotarse en los textos. Y mucho menos si recordamos
que esa ha sido la formación y posiblemente lo siga siendo, en
muchos casos, de quienes han presidido los destinos de nuestra
patria.
Bibliografía
Alberdi. Fragmento
preliminar al estudio del derecho. Buenos Aires: Instituto de
Historia del Derecho Argentino-FDCS UBA, 1942.
Bohmer,
Martín. Imagining the State: The Politics of Legal
Education in Argentina, USA and Chile. New Haven, CT: Yale
University Dissertation, 2012.
Buchbinder,
Pablo. Historia de
las Universidades Argentinas. Buenos
Aires: Sudamericana, 2010.
Cardinaux,
N., Clérico L., Molinari, A. y Ruiz G. (coord.). De
cursos y de formaciones docentes. Buenos
Aires: FD-UBA, 2005.
Corva,
María Angélica. “Las transformaciones de la educación
universitaria argentina en el proceso de creación de la Facultad de
Derecho de la UBA” en Memórias
do Encontro Grupo de | Trabalho da Associação de Historiadores
Latino-Americanistas e Europeus (AHILA): “Trabalho Intelectual,
Pensamento e Modernidade na América Latina, Séculos XIX e XX”,
Sao Paulo: Universidade de Sao Paulo, 2018.
Del
Bello, Marcos y Matías Saccomanno. Historia
del sistema universitario argentino. Buenos
Aires: UNRN, 2019 (videos).
DNRECASO.
Memoria de Gestión
2015-2019.
DNRECASO.
La abogacía en la
Argentina Su enseñanza, investigación y difusión Relevamientos y
análisis del estado de situación.
Buenos Aires: Ministerio de Justicia y D.D.H.H. de la Nación, 2019.
Fucito, Felipe. El
profesor de Derecho de las Universidades de Buenos Aires y Nacional
de La Plata. Un estudio comparativo. La Plata: EUNLP, 2000.
Kluger,
Viviana. “Voces y ecos del derecho castellano-indiano en los
claustros universitarios. Un ejemplo en los albores de la
codificación (Universidad de Buenos Aires, 1861-1870). Buenos
Aires: Revista
Historia del Derecho
n. 37. Buenos Aires: UBA-FD, 2009.
Leiva, Alberto D.
“La enseñanza del derecho procesal en la escuela de derecho de
Entre Ríos en 1881”. Revista Historia del Derecho n. 6.
Buenos Aires: UBA-FDCS,1978.
Leiva, Alberto D.
“La enseñanza del Derecho y la formación de los juristas en la
primera mitad del siglo XX”. Academia. Revista sobre Enseñanza
del Derecho número 10. Buenos Aires: UBA-FDCS, 2007.
Leiva, Alberto D.
“La opinión del claustro de la facultad de derecho de la UBA sobre
el proyecto de reformas al plan de estudios (1904)”. Revista
Historia del Derecho n. 13. Buenos Aires: UBA-FDCS, 1985.
Levaggi, Abelardo.
“Juan Bautista Alberdi y el plan de estudios de derecho”. Revista
Historia del Derecho n. 39. Buenos Aires: UBA-FD, 2010.
Levene, Ricardo (h).
La historia del Derecho Argentino. PDF
https://aulavirtual4.unl.edu.ar/pluginfile.php/991/mod_resource/content/0/Historia%20del %20Derecho%20Argentino%20-%20Ricardo%20Levene.pdf
Llamosas, Esteban F.
“La enseñanza jurídica en un contexto de transición: la reforma
de José Gregorio Baigorrí en la Universidad de Córdoba (1823)”.
Revista Historia del Derecho n. 49. Buenos Aires: UBA-.FD,
2015.
Llamosas, Esteban.
“La instrucción de la praxis jurídica en Córdoba del Tucumán
(siglos XVIII y XIX): virtudes del juez, retórica, literatura
forense y academias teórico-prácticas”. Revista IUS.
Puebla, México: Instituto de Ciencias Jurídicas, 2019.
Ortiz, Tulio
(coord). Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires: su
legado histórico. Buenos Aires: FDCS-UBA, 2013.
Ortiz, Tulio
(coord). Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Enseñanzas de
su historia. Buenos Aires: FDCS-UBA, 2015.
Ortiz, Tulio
(coord). Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, protagonista de
la historia argentina. Buenos Aires: FDCS-UBA, 2017
Ortiz, Eduardo T.
Historia de la Facultad de Derecho.Buenos Aires: UBA-FD, 2004
Ortiz,
Tulio (coord). Hombres e ideas de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires. Buenos
Aires: FDCS-UBA, 2016.
Ortiz,
Tulio. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires en la formación de las élites.
Buenos Aires: FD-UBA, 2012.
Ortiz,
Tulio. Nuevos aportes a la historia de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Buenos
Aires: FDCS-UBA, 2014.
Ortiz, Tulio y
Luciana Scotti (coord). Ideas sobre la historia de la Facultad de
Derecho y sus protagonistas en las vísperas del bicentenario de la
UBA. Buenos Aires: FDCS-UBA, 2020.
Ortiz,
Tulio y Luciana Scotti (coord). La Facultad de Derecho de
la UBA hacia su bicentenario. Buenos
Aires: FDCS-UBA, 2019.
Ortiz, Tulio y
Luciana Scotti (coord). La reforma universitaria de 1918 y sus
antecedentes: visión desde la Facultad de Derecho de la UBA. Buenos
Aires: FDCS-UBA, 2018.
Ortiz de Rosas,
Eduardo L. “Un precursor de la cátedra de Derecho Rural: Juan
Bautista Alberdi”. Revista de Historia del Derecho n. 8, año
1980.
Pestalardo, Agustín.
Historia de la Enseñanza de las Ciencias Jurídicas y Sociales en
la Universidad de Buenos Aires. Tesis de Doctor en Derecho
Carrera de Abogacía. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires,
1913.
Polotto, Rosario.
“Hacia una nueva experiencia del derecho. El debate en torno a la
enseñanza práctica del derecho en la Universidad de Buenos Aires a
comienzos del siglo XX”. Revista Historia del Derecho n.
34. Buenos Aires: FD-UBA, 2006
Prayones, Eduardo.
“Las reformas en la Facultad de Derecho, método de estudio y
enseñanza del Derecho Civil”. Academia. Revista sobre
Enseñanza del Derecho, número 7, Buenos Aires: FD-.UBA, 2006.
Ramallo, María de
los Ángeles. “La tradición formalista en la enseñanza del
derecho y su impacto en la formación práctica: Estudio de caso del
patrocinio jurídico de la Universidad de Buenos Aires”. Revista
Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho Vol. 7. Núm 1
(2020)
Resnik, Mario H.
“Aprender y enseñar en la Facultad de Derecho de la UBA”.
Academia. Revista sobre Enseñanza del Derecho n. 12. Buenos
Aires: FDCS-UBA, 2008.
Seoane, María. La
enseñanza del derecho en la Argentina. Desde sus orígenes hasta la
primera década del siglo XX. Buenos Aires: Ed. Perrot, 1981.
Stagnaro,
Andrés. “Las colaciones de grado de la Facultad de Derecho de
Buenos Aires. El espejo de los abogados porteños en el cambio de
siglo, 1884-1919”. XI Jornadas
Interescuelas/Departamentos de Historia. San Miguel de Tucumán:
Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad de Tucumán, 2007
Stringini, Natalia.
“El derecho romano y la enseñanza universitaria en Buenos Aires,
1821, 1852”. Academia. Revista sobre Enseñanza del Derecho n.
31. Buenos Aires: UBA-FD, 2018.
Tanzi, Héctor J.
“La enseñanza del Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho
de Buenos Aires”. Academia. Revista sobre Enseñanza del
Derecho n. 17. Buenos Aires: FDCS-UBA, 2011.
Terráneo,
Sebastián. “La enseñanza del Derecho Canónico en Indias”.
Anuario Argentino de Derecho Canónico, 23(2).
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/ensenanza- derecho-canonico-indias-terraneo.pdf
Thibaud, Clément.
La Academia Carolina y la Independencia de América. Los abogados
de Chuquisaca (1776-1809). Sucre: Ed. Charcas, 2010.
Ubertone, Fermín
Pedro. “Las tesis doctorales en derecho en la UBA (1829-1960)”.
Revista Lecciones y Ensayos n. 72, 73 y 74. Buenos Aires:
Facultad de Derecho-UBA, 1998/1999.
Zimmerman, Eduardo
A. “La formación de abogados y jueces en la Organización
Nacional: Argentina, 1860-1880”, presentado en The History of
Justice in Nineteenth-century Latin America Workshop. Institute
of Latin American Studies, University of London, 24 de mayo de 1996.
Sitios web
consultados:
https://derecho.unc.edu.ar/institucional/#:~:text=La%20Facultad%20se%20organiz%C3%B3%20en,los%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os%20de%20la
https://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Derecho_(Universidad_Nacional_de_C%C3%B3rdoba)
http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/40-anos-de-democracia-en-la-facultad-de-derecho-de-la-universidad-nacional-de-cordoba/+8336
http://egal2021.org/sitioweb/historia-de-la-unc-ffyh/
https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/26633/La%20Ense%C3%B1anza%20del%20Derecho%20en%20la%20Facultad%20de%20Derecho%20y%20Ciencias%20Sociales%20de%20la%20Universidad%20Nacional%20de%20C%C3%B3rdoba%20en%20la%20primera%20mitad%20del%20siglo%20XX.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://fadeweb.uncoma.edu.ar/LAFACULTAD/historia.htm
https://www.uncoma.edu.ar/index.php/historia/
https://www.derechouns.com.ar/institucional/historia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Derecho_(Universidad_Nacional_del_Sur)
https://www.fder.unr.edu.ar/historia/
https://www.derecho.unt.edu.ar/contenido.php?tipo=lafacultad
https://www.fcjs.unl.edu.ar/institucional/categorias/historia/
