¿Quiénes supervisan a los medios? Gobierno, Estado, política y medios
Los límites y funciones de los medios de comunicación no pueden estar fijados por la ética individual de cada funcionario, periodista o actor. Los gobiernos de turno suelen archivar las buenas intenciones de promover controles públicos o estatales a los medios que resulten en un poder de sanción real. La clase política es responsable de establecer normas para que los medios se rijan con principios éticos y de independencia. Las exigencias de una información completa, plural y objetiva deben ser para todos los medios de comunicación (sobre todo para aquellos que declaman ofrecerla) y también para los profesionales que forman parte de ellos.
La historia de los medios públicos es también la historia de la confusión entre lo estatal, lo gubernamental, lo privado y lo público. Como sosteníamos anteriormente, tal vez sea imposible y hasta indeseable que los medios públicos sean en nuestros países totalmente independientes de la política. El periodismo argentino ha estado siempre involucrado en la lucha política. Lo que es imprescindible es cambiar las leyes de funcionamiento de la política, de los medios y de las relaciones entre estas dos esferas. A pesar de esta urgencia y de la clara concepción de los medios como actores políticos, la sanción de una nueva ley no parece ser vista como prioritaria hoy por el gobierno[1]. La crisis de los medios públicos es de naturaleza y responsabilidad políticas en el marco de un aparato estatal que ha intervenido directamente en graves delitos y ha sido con frecuencia también objeto de ellos.
¿Cómo se reacciona ante un régimen mediático, se pregunta Umberto Eco, visto que para reaccionar sería necesario tener ese acceso a los medios de información que el régimen mediático precisamente controla?[2] No hay una política para los medios públicos porque no hay Estado en el sentido estricto o estrecho de la palabra, o el Estado siempre fue el gobierno de turno. El Estado ha sido el gobierno y lo privado lo exclusivamente mercantil. Y quienes más han protegido lo estatal han sido muchas veces las mismas burocracias políticas, militares y sindicales que gracias a ese Estado viven. O sea, lo han protegido muchas veces los mismos que han contribuido a su hundimiento.
La reducción de lo público a lo estatal, y de lo estatal a lo gubernamental, ha facilitado la discrecionalidad del poder de turno en el manejo de y las relaciones con los medios públicos. En este marco se hace necesario evitar la degradación de la información política: es decir, luchar contra los intereses cortoplacistas que suspenden el debate serio y de largo plazo. En la Argentina los medios han nacido con funciones de persuación política y fueron botines de gobierno, como lo fueron la Corte Suprema y otros organismos que se supone estatales, independientes y que, en cambio, respondían al gobierno de turno. Ese es un problema. La posible desaparición de los medios públicos y de la percepción de todo medio de comunicación como medio público es el otro.
Se hace imprescindible entonces enfrentar una historia de burocracias sindicales, de intervenciones militares, de despilfarros financieros, de ausencias de políticas de largo plazo, de improvisaciones y provisionalidades institucionalizadas, de fracasados intentos renovadores, de superficilidades e irresponsabilidades, de baja calidad institucional, de ausencia de regulaciones, de intereses comerciales y negociados que son reflejos de nuestro país, de sus irregularidades, de su violencia e inestable administración y corrupción. Sin un abordaje corajudo, ético y profesional continuará, entre otras, una historia de impunidad e incompetencia en los medios públicos, que lo son todos, y en el país del cual son expresión, más allá de que los tibios aires de renovación y reconstrucción siempre nos reconforten temporariamente.
[1] Frente a una situación de desequilibrio entre el poder nominal y el real, el tema de los medios se ha vuelto para los gobernantes tan importante como intratable. El secretario de la presidencia, Oscar Parrilli, reconoció que la sanción de una nueva Ley de Radiodifusión es “una deuda pendiente de este gobierno”, aunque admitió que no es un tema prioritario en su agenda actual. (Diario Página12, Bs. As., 14-9-2004).
[2] Unberto Eco, “Los ojos del Duce”, Diario El País, 26 de enero de 2004
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