¿Qué modelos queremos para los medios públicos, que lo son todos?
¿Cuáles son los intereses de los ciudadanos con respecto a los medios públicos, a su programación? ¿Hay que seguir esos intereses al pie de la letra? ¿Qué significa “que sea de interés para la comunidad” cuando una comunidad se halla resquebrajada? ¿Cuál es ese interés? ¿Quién lo define? ¿Cuál es el “beneficio de la comunidad”?
La oferta también construye una demanda. Limitarse a seguir el interés de consumo de la audiencia puede ser tan peligroso como ignorarlo. Hay cosas que la opinión pública prefiere ignorar, no ver, noticias indeseadas y noticias deseadas. Y en nuestra historia
ambos, audiencias y medios, construyeron la nave demencial en la que las mayorias se embarcaron para navegar por las aguas turbulentas de la noticia deseada aunque corriera sangre por ello (Wiñazki 166).
E insiste Wiñazki:
La noticia deseada es una construccion uteromórfica plural, un sistema de representaciones sin articulación empírica en que la sociedad se inserta como quien se sumerge en aguas uterinas como protección contra la realidad misma. Con los ojos cerrados, el pulgar en la boca y los sentidos adormecidos por la situación no objetal, prenatal, en la que se encierran, las masas infantilizadas encuentran sus úteros masivos (225).
Hay que tener cuidado con la expresión “lo que la gente quiere”. El uso de la misma expresión “gente”, tan mediática en estos años, precisaría ser revisada en lo que anula. No hay “gente” sin medios que co-construyan su voluntad en un país que ha preferido no ver, donde muchas veces no se quiere saber, tal vez porque lo que hay que ver y saber es muy terrible de enfrentar o no puede ser enfrentado. Y allí aparecen los medios para hacernos sentir “gente”. Tal vez se trate de no ser más exclusivamente “gente”, “aburridos” o “divertidos”.
¿Cómo recuperar la concepción de la comunicación como un bien público?[1] Se ha naturalizado una noción de comunicación privada comercial cuando la comunicación es un bien público que nos atraviesa y conforma como sociedad. Una nueva legislación al respecto es una necesidad tan clara como poderosas las fuerzas que han postergado esa instancia[2]. Pero también sabemos lo limitado del peso de las leyes en nuestra sociedad, con lo cual no alcanza con legislar aunque este soporte sea imperioso y fundamental para una recuperación de la comunicación como actividad que se desarrolla e impacta en el mundo de lo público[3].
Pero ni siquiera es claro hoy qué es un medio “público”. Tibios y bienvenidos debates se han iniciado ante la ausencia de una política clara al respecto[4] de parte de un Estado que ha estado hasta hace poco tiempo en retirada de su misma esfera de competencia[5]. Carlos Gabetta nos recuerda que en Francia
"y en circunstancias parecidas a las nuestras de hoy, el entonces presidente Mitterrand armó una comisión pequeña, con gran capacidad técnica, nula burocracia e integrada por una periodista independiente, legisladores y sindicalistas, que en seis meses hizo una serie de propuestas sobre los medios públicos abiertas a la opinión pública".[6]
Pero esta ha sido una salida francesa. Las circunstancias pueden ser parecidas pero la historia de sus medios y organizaciones de la sociedad civil no lo es, salvo en las marcas directrices del proceso civilizatorio y del derrotero del Estado capitalista que afectan de manera desigual a los diversos países.
En América Latina en general los medios combinaron características de los modelos europeos y norteamericano pero con preponderancia de este último.
En muchos de los países europeos occidentales, la radiodifusión, definida como servicio público quedó, en un principio, en manos del Estado. Y si con el tiempo se otorgaron licencias a empresas privadas se le impusieron a éstas obligaciones propias de una actividad pública.[7] En Estados Unidos, en cambio, la radiodifusión ha sido concebida fundamentalmente como un negocio comercial de libre competencia. A pesar de ello, allí el Estado reservó una parte también para el sector público.[8]
En la Argentina está pendiente un tratamiento de una nueva ley para los medios públicos y privados y más de veinte años de democracia no han sido suficientes para materializarla. De ello los mismos medios son también responsables como actores fundamentales de la vida cultural, política e institucional de nuestro país.
La apertura y ampliación de la escena mediática que llegaron con la democracia multiplicaron las voces del espacio público pero, al mismo tiempo, se produjo una concentración en la propiedad creándose grupos multimedia que dominan ese espacio y cuya puerta fue abierta por las modificaciones realizadas a la legislación de medios en los años 90. Como resultado, existe hoy una preocupación en torno a la concentración en el suministro y la distribución de la información por parte de los multimedios privados o con una influencia política del gobierno en el caso de los medios estatales. Los sucesivos decretos emitidos con la esperanza de generar un cambio en estos últimos son una muestra del fracaso hasta hoy en lograr un marco diferente[9].
Soledad Gallego Díaz, columnista de El País de Madrid, abordaba hace unos días la suerte de RTVE, Radio Televisión Española, cuyo futuro también está en debate:
Para mejorar RTVE no hace falta que sus respectivos responsables sean unos genios, capaces de arreglar cualquier problema en menos de dos meses. Lo que hace falta es que, dirija quien dirija los medios de comunicación de propiedad pública, estén obligados a seguir unas determinadas normas de funcionamiento y se les pueda exigir su cumplimiento escrupuloso, bajo pena de cese.[10]
Con excesiva frecuencia aún la pobre legislación existente sobre medios ha sido burlada. El comportamiento de éstos también depende de las características estructurales del sistema político vigente en el país donde operan, del poder o debilidad de sus audiencias, de la autoridad y capacidad de acción de sus partidos políticos y asociaciones civiles. En ese contexto, se hace necesario repensar lo público desde lo regional, lo local y lo comunitario; repensar los medios y una mentalidad sobre el Estado y lo público concibiendo todos los medios como medios públicos, algunos privados y otros estatales.
Pero aún dentro de la concepción restringida de lo público como estatal también mucho es lo que puede hacerse. En Italia ciudadanos organizados a través de distintas instituciones académicas y políticas están tratando de repensar el sentido de los medios públicos hacia una concepción social y participativa. Y en Colombia, acorde a Jesús Martín Barbero:
lo que estamos pidiendo al canal público es una identidad de marca, para competir con la identidad de marca de los privados, de esta sociedad de mercados; hasta lo público tiene que tener su rostro, su propia identidad (…) toda la televisión pública necesita su identidad de proyecto nacional en términos de tener imaginación para recoger de los viejos géneros y nuevos géneros todo aquello que permita una participación cada vez mayor de actores sociales (…) hay que pensar en serio una integración (…) de la programación que permita hacer una carpa gigantesca a People a Discovery Channel a los programas de geografía, de historia del mundo, que pueden ser vistos por la mayoría de colombianos que jamás podrían suscribirse a televisión por cable (…) esos canales pueden ser comprados y pueden ser puestos en la televisión publica posibilitando a la mayoría de los colombianos ver lo mejor del mundo desde los canales comunitarios, desde señal Colombia y desde los regionales[11]
En Europa, como dijimos, se adoptó en su momento una estructura de servicio público precisamente para que el Estado garantice la libertad de expresión, siendo éste también uno de los argumentos que se ha utilizado en el contexto latinoamericano para su privatización. Pero, como ya señalamos, la tradición pública europea es distinta de la Argentina por lo cual es peligroso importar modelos nacidos en otras culturas públicas. La pregunta es: ¿Cómo se cambia una cultura pública? ¿Cuánto tiempo y que tipo de continuidades y discontinuidades son necesarias?
En cuanto a las vinculaciones con los gobiernos, éstas siempre existen. No se puede pensar en un sistema completamente independiente del poder político ni tampoco hay porqué pensarlo como medio de propaganda de este último. Ese es también el caso de los medios públicos en Gran Bretaña y los países escandinavos y, con mayor claridad, los casos de Francia e Italia. Siempre hay presiones con mayor o menor grado de influencia. Un caso interesante es el modelo sueco donde entre los accionistas privados de las corporaciones hay movimientos sociales y aquellas se hallan bajo claras estructuras de regulación y control público. Otro ejemplo a considerar es el de la subasta de espacios anuales de televisión en Gran Bretaña por parte del Estado que juzga los productos.
La historia de los medios y del Estado en la Argentina ha también continuado en parte las tendencias globales en el capitalismo occidental. A mediados de los años 40 los medios públicos constituían una pequeña y acotada corporación en casi todos los países. Luego de la guerra, la necesidad de consenso para la reconstrucción de la sociedad europea redujo las diferencias y facilitó la elaboración de políticas de Estado para los medios, tan necesarias hoy en la Argentina. La aparición en los ’70 del cable, las grandes estaciones satelitales y la FM restringieron la idea de un monopolio estatal lo que, sumado a una fuerte crisis económica, derrumbó el consenso mencionado. Las radios libres europeas crecieron junto a un uso comercial de las FM y ante un modelo que perdía legitimidad. Y allí las cadenas y productoras norteamericanas vieron el negocio junto a las grandes agencias de publicidad que encontraron un territorio virgen que se abría con capacidad de consumo. La prensa ya concentrada percibió posibles inversiones en el sector con un mercado de lectura de diarios ya saturado. Pero además se había consolidado la empresa multinacional que no iba a defender sistemas nacionales opuestos a la internacionalización y apertura de los mercados. Así desde 1980 en adelante se llevo a cabo una privatización de algunos servicios públicos mientras otros han logrado mantenerse en la diferencia.
Pero al mismo tiempo, en esos diversos países europeos, en los Estados Unidos, Canadá y en algunos países de América Latina (Colombia y Chile, por ejemplo) se han creado comisiones o consejos encargados de la temática de la radiodifusión. En Gran Bretaña existen varios organismos encargados de la materia.[12] En Francia, una ley puso el conjunto de las redes televisivas y radiofónicas francesas bajo la autoridad de un organismo administrativo independiente, como existe también en Estados Unidos (Federal Communications Comission - FCC) y Canadá, denominado Consejo Superior de lo Audiovisual y encargado, entre otras cosas, de controlar con poder de sanción el respeto de los medios de sus obligaciones legales, velar por la protección de la infancia y defender la lengua francesa. En Argentina tenemos el COMFER, que depende de la presidencia de la Nación, y cuyas regulaciones no han sido siempre suficientes o eficaces para evitar los problemas que se han presentado. Por ello, debe llevarse a cabo un cambio sustantivo. Sosteniendo esto último y pensando en el caso peruano, Samuel Yupanqui afirma que
Resulta indispensable crear un Consejo Nacional de Televisión, ajeno al gobierno
encargado de conceder y revocar las autorizaciones y licencias y verificar las faltas
cometidas, como sucede en Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Colombia, Chile, etc. Su composición, forma de designación de sus miembros, y competencias, deberá garantizar su autonomía frente al gobierno (12)
El problema es que, como Valerio Fuenzalida ha sostenido, la definición de lo que se entiende por servicio público es una definición local. Por eso,
no hay un solo concepto de TV pública. Éste ha ido cambiando y se acabó esa idea de que los conceptos europeos eran los vigentes[13]”
Por lo general, medios “públicos” han sido sinónimos de medios estatales e injerencia política. Esta relación es hoy controversial en la Italia de Berlusconi, en España (donde el nombramiento de la cabeza de TVE, como en Argentina, depende del presidente de turno)[14] o hasta en la novedosa experiencia chilena, donde sería igualmente el “cuoteo” entre los partidos el que determinaría la selección de los miembros del directorio.[15]
De cualquier manera y acorde al devenir del Estado capitalista, en muchos lugares los medios públicos en su versión estatal vienen atravesando una crisis que ha llevado a replantearse su misma existencia generando acuerdos con los canales privados. En EEUU todas las redes de cable con mas de 3500 abonados fueron obligadas crear un canal estatal y un espacio televisivo a disposición de cualquier grupo o individuo que quisiera transmitir mensajes no comerciales[16]. En Canadá, los operadores de tv cable deben ofrecer un canal comunitario (Radakovich, 19-20)
En ese sentido puede pensarse que el futuro de los medios va a depender de los consensos entre los ámbitos “público” y “privado” que puedan lograrse en el ámbito político de cada país, consenso que de manera interesante tiene como escenario de posibilidad las voces dentro de esos mismos medios. Y entonces el facilismo de la exhibición de un modelo europeo exitoso puede contrastar con la realidad de las necesidades, posibilidades y tradiciones locales.
De la misma manera, si bien hay quienes plantean un modelo latinoamericano de medios públicos (específicamente para el caso de la televisión) las diferencias regionales latinoamericanas ya mencionadas tampoco facilitan la adopción de un modelo único. La reforma estructural que necesitan los medios en Argentina y en otros países de Latinoamerica no puede ser saldada con modelos europeos modernos ni con americanos precolombinos o norteamericanos donde el sector privado realiza un aporte interesado e interesante a la esfera pública.
La tendencia mundial de cancelación de proyectos públicos ha tenido diversos efectos y se ha materializado de diversas maneras según las tradiciones e historias políticas de cada país, como era de esperar. Por ello lo que es saludable para un país en términos de políticas públicas puede ser y ha demostrado ser devastador para otro donde los derechos y controles sociales sobre la producción y circulación de la información y el entretenimiento en manos privadas no pueden materializarse, donde el Estado ha agonizado ante la mercantilizacion de la vida social y se ha limitado por la transferencia de sus poderes a instancias trasnacionales.
[1] La Constitución colombiana señala que “el espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado” (artículo 75).
[2] Esta legislación podría entre otras cosas promover que se declare de interés público y comunitario a los pequeños y medianos medios de comunicación, lo cual es una reivindicación promovida por Fetracom (Federación de Trabajadores de la Comunicación). Vre http://www.enredando.org.ar/noticias-rytics.shtml?x=11791
[3] Ver Washington Uranga, “La ley de radiodifusión”, Diario Página 12, 28 de septiembre de 2004.
[4] El mismo Alberto Fernández ha reconocido que “falta una política para los medios públicos”. Diario Clarín, 29/05/04. En cuanto a los debates, la FETRACOM ha decidido abrir conversaciones con sectores sociales, culturales, educativos, gremiales y estudiantiles para discutir también qué tipo de periodismo y trabajadores de la comunicación son necesarios en una etapa social y política como la actual.
[5] Enrique Albistur, secretario de medios de la Nación, afirmó que “durante muchos años se preguntaron para qué tener un medio público, de qué servía”. En esa misma entrevista los senadores Latorre y Conti manifestaron la necesidad de reafirmar “el carácter público de la comunicación”. Ver http://www.rt-a.com/86/06-86.htm
[6] En “Canal 7. Debate sobre Medios Públicos. En la vuelta de “Los siete locos”, 28-4-2004. Como interesante punto de partida en este sentido existe en nuestro país un documento titulado "Una radiodifusión pública para la democracia. Principios básicos sobre el funcionamiento de la Radio y Televisión", elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación Periodistas, con el aporte de periodistas, personalidades de la cultura, intelectuales y expertos en radiodifusión.
[7] En el Fórum Barcelona 2004 «Por una redefinición de los medios de comunicación públicos», el director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), Joan Majó, afirmó que «las empresas privadas también tienen obligaciones de servicio público». Jerry Starr, representante de la BBC sostuvo que «las ondas hertzianas son públicas y deben estar reguladas». Por su parte, el director general de la Radio Televisión de Andalucía, Rafael Camacho dijo que los medios deben garantizar ciertos derechos y que, por tanto, «es necesaria una redefinición de su modelo».
Ver http://www.barcelona2004.org/esp/actualidad/noticias/html/f042054.htm
[8] En 1967, la Comisión Carnegie para Televisión Educacional de Estados Unidos, propuso un sistema de radiodifusión que fuera capaz de servir como "foro de debate y controversia, proporcionando voz a aquellos grupos de la población que de otro modo no serían oídos, para así poder ver los Estados Unidos en toda su diversidad". Ver documento “Una radiodifusión pública para la democracia” en http://www.cels.org.ar/Site_cels/documentos/a_docs_trabajo/7_acceso/acceso_pdf/Radiodifusion.pdf
[9] Decretos: - 1/2001, se disuelve ATC SA y TELAM SA y se crea el Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado
- 2/2002, Se intervino el SNMP. Por 180 días hábiles se declaró interventor a Marcelo Simón para auditar y reestructurar alas sociedad por irregularidades.
- 9/2002, Por dificultades operativas planteadas por el interventor se otorgó una prorroga de 120 días más.
- 8/2003, Subsisten los motivos de la prórroga por lo tanto se designa un nuevo interventor, José Paquez.
[10] En Susana Reinoso, “Canal 7 y un modelo ausente”. Se ha visto enormemente afectada nuestra capacidad de exigir, de demandar el cumplimiento de normas y de esperar ciertos comportamientos en un mundo que ha decidido justificarlo y aceptarlo todo, donde el mal –como claramente señalara Hannah Arendt- se ha banalizado, donde la indignación se ha vuelto un valor anacrónico.
[11] Jesús Martín Barbero, “Lo que no puede faltar en la legislación de televisión”, cit. en bibl.
[12] La Independent Televison Commission (ITC) regula la televisión privada, regional y local, otorga licencias e impone sanciones incluyendo la revocación de las licencias. La Broadcasting Complaints Commission (BCC) decide acerca de los reclamos por tratos injustos y por violaciones a la intimidad en la programación. Su financiamiento corre a cargo de los entes de televisión. Y la Broadcasting Standards Council (BSC) elabora estándares en materia de sexualidad, violencia, gusto y decencia a los cuales deben sujetarse las emisiones de televisión; supervisa las emisiones que proceden del exterior y que pueden ser recibidas en el Reino Unido. Ver Yupanqui , Samuel B. Abad. “Derechos fundamentales y regulación democrática de la televisión” cit. en bibl.
[13] En “Chile: La tarea pendiente”,
http://www.quepasa.cl/revista/2004/03/19/t-19.03.QP.CYT.TVN.html
[14] En “Chile: La tarea pendiente”,
http://www.quepasa.cl/revista/2004/03/19/t-19.03.QP.CYT.TVN.html
[15] Horacio Brum, “Chile: ¿A quién representa TVN?” en http://www.portaldelpluralismo.cl/interno.asp?id=2253
[16] Radakovich aclara que esta reglamentación ha variado a lo largo de los años
No hay comentarios:
Publicar un comentario